El PP ha logrado pactos con los grupos de la oposición en cuestiones tan importantes para Galicia como el futuro de Novacaixagalicia (NCG), la reclamación al Gobierno central de 805 millones de euros del acuerdo de financiación autonómica y de la transferencia de las políticas de empleo y el catálogo de fármacos, si bien no se ha alcanzado la unanimidad en ninguna de estas propuestas.

Así, ha sumado los votos del BNG para demandar al Estado 805 millones de euros de la financiación autonómica —sin descartar la vía judicial "en caso de no llegar a un acuerdo"— y para reclamar al Gobierno central tanto "plena autonomía" para legislar y ejecutar las políticas activas de empleo como la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el catálogo priorizado de fármacos.

Con los socialistas, por su parte, el PP ha podido alcanzar un acuerdo en lo relativo a garantizar el futuro de Novacaixagalicia tras una transacción entre ambas fuerzas por la que se demanda al Banco de España —en lugar de al Gobierno central, como figuraba en la propuesta inicial— "un trato no discriminatorio" a las entidades financieras, "ni por su naturaleza jurídica ni por su procedencia geográfica".

Además, han pactado que en las demandas de capitalización —NCG necesita ganar un 4,8% de capital principal si quiere seguir como caja— se tengan en cuenta los diferentes grados de saneamiento efectuados —la entidad gallega destinó más de 3.000 millones a este fin—, considerando este extremo el "verdadero sistema de garantías de terceros".

Pese a apoyar esta transacción, en el momento de la votación, los socialistas demandaron que se votase igualmente su propia propuesta de resolución, en la que pedían "garantizar el mantenimiento de Galicia en el mapa financiero con entidades solventes vinculadas prioritariamente con el territorio y los sectores productivos gallegos". De hecho, su portavoz parlamentario, Abel Losada, había recriminado al PPdeG que no la apoyase.

A mayores, el PSdeG ha acordado con los populares la creación de una ponencia parlamentaria que elabore un texto "conjunto" para una nueva Ley del Suelo "con vocación de consenso y de permanencia en el tiempo". Por su parte, el BNG rechazó sumarse al consenso tras cuestionar la "credibilidad" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoyándose en cómo se tramitaron las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Sin acuerdo

Pese a estos acuerdos, los grupos de la oposición se han descolgado de una propuesta de resolución impulsada por el PP —el PSOE se abstuvo y el BNG la rechazó— con el fin de demandar el cumplimiento del Pacto del Obradoiro para la llegada del AVE a Galicia y que se proceda a la adjudicación del contrato "antes de que finalice 2011".

En cambio, PP y PSOE reivindicaron conjuntamente "el carácter estratégico" de la línea de alta velocidad gallega con Madrid y su futura conexión con Portugal, como pedían los socialistas, mientras que el Bloque se abstuvo.

También se quedó solo el grupo mayoritario de la Cámara en su petición de que el Estado cumpla con lo dispuesto en la Ley de Dependencia y aporte el 50 por ciento de su coste de aplicación, así como en la propuesta de "garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo" de las finanzas públicas a través de una Ley de Disciplina Presupuestaria.

Unanimidad sobre clesa

En lo que los grupos con representación en el arco parlamentario gallego han logrado ponerse de acuerdo ha sido en la necesidad de "apoyar el mantenimiento de la actividad productiva y los puestos de trabajo" de la planta de Clesa en Caldas de Reis.

Esta propuesta llegó a la Cámara de la mano del PP, que contó con el respaldo de la oposición para "apoyar futuros proyectos que garanticen la viabilidad de la factoría" de la localidad pontevedresa.

También en clave económica, se alcanzó la misma unanimidad en la petición de que la Xunta negocie con el Gobierno central una modificación de "los criterios de reparto y la cuantía" del Fondo de Compensación Interterritorial garantizando "una discriminación positiva" a comunidades como Galicia para "facilitar el proceso de convergencia".

Además, los tres grupos apoyaron una iniciativa transaccionada por PP y PSOE en la que se insta a la Xunta a presentar un informe, "por lo menos, de forma anual", sobre el grado de cumplimiento de los planes de industrialización derivados del concurso eólico.

Por último, populares y nacionalistas pactaron —a instancias del Bloque y con el voto en contra del PSdeG— tratar de incrementar la presencia en la comisión de seguimiento sobre el impacto del decreto del carbón en las centrales térmicas gallegas y que sea revisado el contenido de esta norma para evitar "graves prejuicios" a Galicia.

Acuerdos en materia social

Cambiando de tercio, en materia social, los 75 diputados gallegos dieron su voto favorable a la petición de socialistas y nacionalistas de que la Xunta rechace cualquier fórmula de copago para financiar los servicios de atención sanitaria, incluido el transporte.

Sin abandonar la gestión de la Consellería de Sanidade, aunque no hubo acuerdo sobre las listas de espera a nivel autonómico, el PP sí respaldó mejorar la dotación del Hospital de O Barbanza, ubicado en la localidad coruñesa de Ribeira, con el fin de "incrementar la calidad de la atención", ejecutando un plan específico de reducción de las esperas.

También de la mano del PSdeG se decidió por unanimidad que la Xunta aumente "progresivamente" sus aportaciones a las universidades gallegas "hasta superar el uno por ciento" del PIB de 2015. De igual modo, los socialistas lograron arrancar un "compromiso" presupuestario al Gobierno autonómico con los proyectos de excelencia universitaria del Campus Vida de Santiago y del Campus del Mar de Vigo.

Asuntos clave que los grupos de la oposición han introducido en el debate sobre política general anual fueron la promoción del gallego y la reforma del Estatuto de Autonomía, que no obtuvieron el respaldo del PP por segundo año consecutivo.