((Rogamos a nuestros abonados que modifiquen esta noticia con el mismo titular por una precisión en el segundo párrafo)) El Parlamento aprueba la Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera con el apoyo de PSOE y PP y el rechazo de

Iu el texto establece medidas para potenciar la competitividad de unos sectores que suman más de 6.800 empresas y unos 63.000 empleos

El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor del PSOE-A y del PP-A y el rechazo de IULV-CA, la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, que unifica la normativa andaluza sobre esta materia y la adapta al vigente marco legislativo europeo y estatal. Dicho texto establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que actualmente suman más de 6.800 empresas y alrededor de 63.000 empleos en Andalucía, así como para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

El proyecto normativo, que ha superado el debate final sin aceptar ninguna de las enmiendas de PP-A e IULV-CA debatidas este miércoles, —aunque sí un total de diez durante su tramitación (siete a PP y tres a IU)—, plantea el fomento de la calidad como estrategia prioritaria para que los productos agroalimentarios, que actualmente suponen el principal capítulo del comercio exterior andaluz, puedan seguir compitiendo en unos mercados cada vez más globalizados y exigentes. De este modo, se regulan especialmente los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas.

A grandes rasgos, la futura ley quedará formada por dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.

El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor de las producciones en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores. Para ello, la ley fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración.

En el caso de los operadores, el sistema debe tener en cuenta la trazabilidad de los productos (identificación desde su origen hasta que llegan al consumidor); garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.

Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada. El ámbito de las inspecciones abarca la producción, la transformación, la distribución y los puntos de venta.

Calidad diferenciada

En el terreno de la calidad diferenciada, el proyecto de ley adecua las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de 'Calidad Certificada' que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.

En cuanto a los organismos de gestión, las tres primeras figuras estarán regidas por consejos reguladores que, como novedad, pasan a configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Con ello se otorga mayor relevancia a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector, frente a la actual dependencia respecto de la Consejería de Agricultura y Pesca. Este departamento se reserva, no obstante, las funciones de tutela sobre los órganos gestores.

El sector agroalimentario constituye la principal actividad industrial de Andalucía, con una facturación anual superior a 14.000 millones de euros, más de 5.000 empresas y alrededor de 52.000 personas empleadas. Sus ventas al extranjero suponen el principal capítulo del comercio exterior de la comunidad autónoma, con unos 3.000 millones de euros anuales de saldo positivo. Estrechamente ligada a la actividad agropecuaria y pesquera, la industria agroalimentaria acapara el 19,3 por ciento del empleo y el 25,1 por ciento de valor añadido del sector industrial en la comunidad autónoma.

Por su parte, el sector pesquero agrupa a más de 1.800 empresas y emplea a unas 10.600 personas. Sus capturas anuales se cifran actualmente en más de 70.000 toneladas y un valor de 252 millones de euros. Dentro de este sector, una actividad en alza es la acuicultura, con explotaciones de alto nivel tecnológico centradas en la cría de doradas y lubinas y cuya producción supera ya las 6.000 toneladas.

Las producciones andaluzas de calidad de ambos sectores se reparten entre 28 Denominaciones de Origen (principalmente de aceite de oliva y vinos) y 23 Indicaciones Geográficas Protegidas. A ellas se suman los más de 2.100 productos pertenecientes a 465 empresas que cuentan con el distintivo Calidad Certificada, así como los de la agricultura ecológica (866.000 hectáreas de superficie en Andalucía, la primera comunidad española en este sector) y las producciones integradas (casi 400.000 hectáreas). PP-A:

Una normativa "absolutamente light"

En su turno de intervención, la diputada del PP-A María Dolores Calderón ha asegurado que esta normativa nace "distorsionada" y que tras cinco años de trabajo, nueve borradores, tres consejeros y dos legislaturas, el resultado es una ley "poco ambiciosa y absolutamente light". "Tanto tiempo invertido y nos encontramos con una normativa necesaria, pero que carece de proyección de futuro", ha apuntado la 'popular', quien ha lamentado que "no traiga un duro y que olvide al sector agroganadero y pesquero". No obstante, ha dicho que "por responsabilidad" su formación va a apoyar la normativa.

Por su parte, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha confesado que tenía la esperanza de que esta normativa fuera "valiente, decidida y con carácter andaluz" pero que no ha sido posible. En su opinión, la ley se caracteriza por avanzar en la privatización del control de los alimentos. Además, ha lamentado que el PSOE-A tumbara la enmienda a la totalidad presentada por su formación, así como también las once enmiendas que han llegado vivas al debate.

Finalmente, el diputado del PSOE-A Felipe Sicilia ha considerado que la normativa se ha mejorado gracias a las aportaciones de los grupos políticos, los agentes sociales y el propio sector. A su juicio, se trata una ley que contribuirá a que la agroindustria se fortalezca y sea más competitiva, así como también a que los consumidores tengan mejores garantías. No obstante, ha dicho que hay que tener presente que ninguna ley "es la panacea" y arregla los problemas "de un día para otro".

Finalizado el debate de los grupos, la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha mostrado, en nombre del Gobierno andaluz, su agradecimiento a todos los que han participado en la elaboración de la normativa. Según ha dicho, se trata de una ley que va a ayudar a la competitividad de la industria agroalimentaria, "respaldando a un sector que día a día está creciendo más y ganando en fortaleza". "Hoy nos dotamos de un marco legislativo que responde al espíritu emprendedor y dinámico de este sector", ha concluido.