"Cuando no se tiene alternativa política se acude al juzgado". Así se ha expresado el concejal de Hacienda de Pontevedra, Raimundo González Carballo, del BNG, tras hacer público el PP que había sido citado como imputado por supuestos delitos de prevaricación y fraude.

Fue el portavoz local del Partido Popular, Telmo Martín, quien denunció ante el juzgado de guardia al gobierno municipal de Pontevedra por supuestas irregularidades detectadas en las obras de acondicionamiento de la rotonda de Loureiro Crespo con San Mauro y la mejora de los jardines de la plaza de la Libertad.

"Es bueno que me citen como imputado porque de lo contrario tendría menos defensa", ha manifestado Raimundo González, quien ha considerado que "aquí no hay ningún tipo de imputación de ningún delito, ni mucho menos, por parte de la Fiscalía" sino que, puntualiza, "lo que hay es una querella en la que citan a determinadas personas del Ayuntamiento y lo que hace el juez es seguir tramitando eso con la independencia de que después decida seguir o archivar la causa".

"No es que me impute de un delito la propia Fiscalía, como sucede en los delitos de corrupción donde hay una instrucción de oficio y te imputan, En este caso no, es como si tú me acusas a mi de algo, el juez avisa y dice: oiga que usted esta imputado por esto", ha argumentado González Carballo.

El edil nacionalista ha manifestado que su estado de ánimo no ha variado por esta circunstancia, porque tiene "la conciencia muy tranquila", aunque ha asegurado "estar muy molesto". "Porque quien me acusa es un señor que ha cobrado sobreprecios en Navia, pero eso es ya una cuestión de dignidad personal", ha apostillado.

"Es como si el zorro acusase a las gallinas por robarse a sí mismas", ha bromeado Raimundo González, que está citado a declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra el próximo 13 de abril de 2011. CERTIFICACIONES

Además, el juez solicita a la secretaría del Ayuntamiento las certificaciones de las juntas de gobierno de fecha 9 de marzo de 2009 y 7 de mayo de 2009, concretando con total precisión asistentes a las mismas y votos emitidos.

Telmo Martín ha indicado que entiende que estos hechos son "presuntamente constitutivos de sendos delitos de prevaricación y de fraude" debido a que el proyecto se ejecutó saltándose todos los procedimientos de contratación, según alegó, ya que cuando se celebró una mesa de contratación en la que tendrían que haberse adjudicado las obras, éstas ya llevaban ejecutadas varios meses.