Representantes de las familias afectadas por los casos de niños robados desde el franquismo y hasta los años 90 han pedido este martes en el Congreso de los Diputados que el Estado ayude económicamente a las víctimas en la búsqueda de sus familiares biológicos, así como que facilite el acceso a todo tipo de archivos y registros en dicho proceso.

El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, y la coordinadora y portavoz de la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España, Mar Soriano, han comparecido esta mañana en la Comisión de Justicia de la cámara baja para exponer la situación de los niños robados y expresar sus peticiones a los parlamentarios.

El presidente de Anadir ha señalado que a la demanda colectiva con 261 casos que presentó el pasado 27 de enero, hay que sumar las alrededor de 1.000 personas que están redactando un escrito de adhesión a la demanda inicial y los cerca de 5.000 correos que hay sin contestar. Así, ha afirmado que su asociación cuenta con "medios escasos" para gestionar una labor que les tiene "desbordados".

Por este motivo, Barroso ha realizado varias peticiones ante los miembros de la Comisión, entre las que se encuentran la ayuda económica, la implantación de un teléfono gratuito de información o la creación de una oficina en cada comunidad autónoma donde se asesore a todos aquellos que crean que pueden estar afectados. Además, ha solicitado que el Estado pague el banco de datos de ADN creado por un laboratorio con el que llegó a un acuerdo Anadir, y que actualmente pagan las víctimas.

Por otro lado, ha pedido también que se facilite el acceso a informes médicos y todo tipo de registros y documentación, para que los afectados puedan "reconstruir documentalmente sus vidas sin depender de la buena voluntad de los funcionarios o de las determinadas órdenes de un superior".

En una línea similar se ha expresado Mar Soriano, que ha expuesto las demandas de su plataforma, algunas de las cuales ya han sido atendidas y acordadas en diversas reuniones con las instituciones.

Entre las propuestas ya aceptadas se encuentra la de unificar y centralizar desde el Estado la información correspondiente a la vía administrativa y jurídica, algo materializado ya mediante el nombramiento por parte del Ministerio de Justicia de un coordinador de las actuaciones de las distintas Fiscalías.

También han sido atendidas las demandas referentes a la apertura de información desde los archivos públicos sin que les afecte la ley de protección de datos o que haya necesidad de presentar una orden judicial, y la de recoger gratuitamente desde el Instituto de Toxicología los análisis de ADN de las familias.

Las reivindicaciones aún pendientes son la implantación de una oficina nacional de búsqueda que sea homóloga a la creada por el Ministerio de Justicia desde Argentina y la incorporación de cariotipos genéticos en el historial médico.

Además, la portavoz de la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España ha lamentado que desde la Audiencia Nacional no haya existido una implicación de primer orden con la incorporación de la causa de los niños robados, causa que ha comparado con el crimen organizado y el terrorismo.

Soriano ha finalizado su intervención proponiendo la instauración de un día de conmemoración nacional para recordar a las víctimas de adopciones irregulares, y ha sugerido el 18 de julio (fecha de comienzo de la Guerra Civil) por ser "el día de la pérdida de libertades" en España.

Apoyo de todos los grupos

Por su parte, los representantes de los distintos grupos parlamentarios han mostrado su gratitud hacia ambas asociaciones por dar a conocer esta problemática, y se han comprometido a ayudar "en todo lo que les compete" para impulsar las medidas necesarias, especialmente desde el punto de vista legislativo, y ayudar a las víctimas a esclarecer la verdad y sancionar a los culpables.

Así, el representante del grupo ERC-IU-ICV en la comisión, Joan Tardá, se ha mostrado dispuesto a incluir este asunto en el debate presupuestario para "forzar partidas" destinadas a ayudar a las víctimas en su tarea.

Los grupos han expuesto también su voluntad de que además de la reunión celebrada hoy, y la que hay prevista antes del final de la legislatura para evaluar los avances, la comisión adopte "una fórmula más permanente".

Desde los representantes políticos se ha sugerido a las asociaciones que hagan un esfuerzo por coordinarse y trabajar juntas -algo que actualmente no sucede- para mejorar la eficacia de su labor. Así, la representante del Grupo Popular Susana Camarero ha lamentado que Anadir y la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España no estén en contacto, y les ha instado a iniciarlo. "Me gustaría que se coordinaran", ha afirmado.

Por otro lado, el representante de EAJ-PNV en la comisión, Emilio Olabarría, ha reconocido sentirse "arrepentido" de que no se haya constituido una comisión de investigación ante lo que considera una "trama organizada", y sobre la posibilidad de que los delitos de estas personas hayan prescrito, ha apuntado la posibilidad de que los delitos en cuestión sean de trata de seres humanos, y por tanto "no prescriben".

Si eso no fuera así "y no hubiera otra manera de actuar", Olabarría ha demandado que "al menos" las personas implicadas (médicos, religiosos, funcionarios del registro civil, etc.) pierdan su "respetabilidad" y pidan perdón públicamente.