La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la administración autonómica, ha dictado un auto en el que admite la personación en la causa como "parte acusadora" de la Junta de Andalucía, que exigirá "responsabilidades civiles y penales a los presuntos culpables", según ha informado la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno.

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que la Junta es "la primera perjudicada" por las irregularidades detectadas en los ERE, ha defendido que ha sido el presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien "ha denunciado, investigado y destapado las irregularidades que se siguen en el juzgado" y ha querido dejar claro que "igual que hemos sido activos en la investigación y la denuncia, vamos a ser absolutamente activos en el proceso penal".

Junto a ello, la titular de la Presidencia también ha anunciado que la Junta, "con independencia de las responsabilidades penales que en su día determinen los tribunales", va a iniciar "de inmediato" un procedimiento para "dejar de pagar" las prejubilaciones a las personas que las estarían percibiendo "sin derecho a ello" detectadas por la investigación interna de la Consejería de Empleo y cuyos datos han sido remitidos a los tribunales.

El citado procedimiento, según ha apuntado, gozará de todas las garantías y no se prevé que sea muy dilatado en el tiempo. Va a permitir, según ha precisado, paralizar el pago de prejubilaciones indebidas y recuperar hasta el último euro que se haya pagado indebidamente. El procedimiento consistirá, concretamente, en una notificación a las personas afectadas, advirtiendo de que se abre un proceso de reintegro y de pérdida del derecho a percibir cualquier clase de cantidad abonada por la Junta. Fruto de la citada comunicación, se abrirá un periodo de alegaciones y, finalmente, una resolución de la Junta decretando, en su caso, el reintegro o, en su caso, rehabilitando el derecho a percibir esas prestaciones.

Moreno ha indicado que el objetivo de la Junta es "recuperar hasta el último euro que se haya pagado indebidamente", ya que ha considerado que "los andaluces tienen derecho a que su gobierno recupere hasta el último euro". En su opinión, "es un motivo de tranquilidad que de inmediato podamos proceder a que se dejen de percibir las prejubilaciones a las que no tengan derecho personas que han sido detectados como irregulares o ajenos a la empresa en cuestión".

"La Junta ha investigado, ha destapado y ha denunciado las irregularidades y ahora nos toca perseguir a los culpables y recuperar el dinero para los andaluces. No vamos a permitir que nadie se siga beneficiando de lo que no le corresponde", ha subrayado la consejera.

A su juicio, pocas comunidades del tamaño de Andalucía pueden presentar un balance de los últimos 30 años "tan digno, tan alejado de la corrupción" y tan cercano al "buen gobierno". Además, ha señalado que hay muy pocos precedentes en este país de una actuación "tan transparente, inmediata y tan contundente" como lo que ha llevado a cabo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en relación con las irregularidades en ERE.

Ha puesto de manifiesto que el PSOE a nivel federal considera "ejemplar" la reacción de Griñán ante este caso. Sobre el encuentro que mantuvieron dirigentes del PSOE andaluz ayer en Madrid con dirigentes federales del partido, Mar Moreno ha expuesto que se ha dado traslado a la dirección federal de las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta y de los resultados de la investigación.

Querella del pp-A

En cuanto al anuncio del Partido Popular de que presentará una querella contra la Junta, ha indicado que "no aporta nada, salvo ruido" y lleva "un mes de retraso", recordando que la Junta se personó como parte acusadora hace un mes en el juzgado número 6 para ejercer "con toda contundencia" en el ejercicio de su responsabilidad, para defender los intereses generales de Andalucía y perseguir a los responsables de cualquier clase de delito.

Asimismo, ha indicado que el PP-A podrá presentar una querella contra determinadas personas, ninguna de las cuales forma parte del Gobierno actual, pero "no puede querellarse" contra la Junta, que es "parte acusadora y víctima y perjudicada de este fraude cometido presuntamente con los ERE". El PP, según ha indicado, recurre a "simplificaciones muy tendenciosas con el único objetivo de erosionar al Gobierno andaluz", con el "menor rigor jurídico y con muy poca vergüenza política".

Mar Moreno ha agregado además que si el PP tiene alguna información sobre el asunto de los ERE que desconozca la Junta o el juzgado, tiene la obligación de ponerla inmediatamente a disposición de la justicia. Ha indicado que las "mentiras y falsas acusaciones del PP ya superan el número de expedientes con irregularidades", ha apuntando.

Preguntada sobre la comparecencia de la pasada semana ante los medios de comunicación de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en relación con los informes de Intervención General de Hacienda, Moreno ha expresado que hasta alturas, no cree que haya "absolutamente ninguna persona con una mínima buena fe que no tenga meridianamente claro que la Intervención General de Hacienda y la Consejería actuaron con toda corrección y normalidad".

"Eso ha quedado meridianamente claro en la transparente comparecencia que realizó la consejera de Hacienda y en la información que se viene suministrando desde el minuto uno", ha señalado Moreno, quien ha insistido en que Martínez Aguayo "ha desmontado de la A a Z a la enésima mentira del PP, demostrando que la actuación de la Intervención y de la Consejería de Hacienda fue absolutamente correcta en este caso y que en ningún momento se produjo ningún informe de actuación que elevara la menor alarma o alerta sobre que se produjera menoscabo de fondos públicos o algún tipo de fraude en los ERE".

"Si el PP pide la dimisión de la consejera de Hacienda, nosotros pediremos la dimisión del presidente del PP, Javier Arenas, por mentir sin paliativos en este asunto, con la única intención de hacer daño a la imagen del presidente de la Junta", ha sentenciado.