El Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ha tomado declaración este lunes, en calidad de imputado, al jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento hispalense, José María Casar, a cuenta de la denuncia promovida por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos por valor de 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del Ministerio Público, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que José María Casar ha prestado este lunes declaración como imputado según lo ordenado por la citada instancia judicial. Durante su comparecencia, Casar habría defendido que en el momento de ser promovidas estas contrataciones, él estaba "de baja", por lo que se habría limitado luego a firmar el reconocimiento extrajudicial de crédito al objeto de que la compañía suministradora; Iturri, cobrase por los materiales adquiridos. A tal efecto, y según las citadas fuentes, Casar habría manifestado que en su ausencia, sus poderes quedaron a merced del por entonces delegado de Gobernación, Francisco Fernández (PSOE), el por entonces director de este área municipal, Fernando Casado Iturri, y el jefe en funciones del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Plácido Díaz.

En su denuncia, recogida por Europa Press, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento hispalense adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos adscritos al servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios merced a los designios del jefe de dicho servicio por aquel entonces.

"ninguna resolución previa"

La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri "no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras", toda vez que un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve "posibles irregularidades" en esta contratación dada la "absoluta inobservancia de las formalidades" obligadas en las contrataciones de esta naturaleza, lo que lleva al Ministerio Público a atisbar un posible delito de prevaricación.

Esta denuncia, como se recordará, deriva de la documentación elevada a la Fiscalía por el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB), que incluía precisamente un informe de la propia Intervención del Consistorio hispalense en cuanto a este reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 644.485 euros para la adquisición de equipamiento para vehículos del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios. Señala el documento de la Intervención que "se procedió" al suministro de tales equipamientos por un importe de 644.485 euros y fue "presentada la correspondiente factura, sin más trámite".

El informe de la Intervención, así, advierte de que "el reconocimiento extrajudicial de créditos no supone una convalidación de los vicios que, en origen, tuvo el procedimiento de gasto", porque "un informe favorable sólo supone que queda acreditado, mediante documentación suficiente, el enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento al aprovecharse de una obra, servicio o suministro sin que se realizara la debida contraprestación". Igualmente, el informe de la Intervención advierte de que las facturas evacuadas por Iturri S.A. "no contienen la descripción del material suministrado, por lo que para proceder a su pago, deberá incorporarse al expediente la especificación del suministro efectuado".