La Fiscalía de Huelva ha pedido 27 años de prisión y una multa que asciende a los 109.240 euros a la red acusada de delitos de cohecho y de omisión del deber de perseguir y denunciar delitos, entre los que se encontraban cuatro funcionarios de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva.

Según reza en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a finales de 2005 cuando estos funcionarios, con distintas categorías laborales dentro del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, prestaban sus servicios en la Unidad Biogeográfica número dos de la zona de Moguer y Palos de la Frontera —desde septiembre de 2007 en la denominada Unidad Biogeográfica Costa y Espacios Litorales—, y se concertaron entre sí para con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas, obtener beneficios de toda índole.

Los acusados, perfectos conocedores de la zona, por llevar años trabajando en ella, habían trabado relaciones con dueños y encargados de fincas y de empresas, a los que interesaba tenerlos de su parte para que no denunciasen las posibles irregularidades; infracciones y delitos, que cometiesen en sus respectivas actividades.

A finales del año 2005 los acusados, y especialmente el coordinador de la unidad, fueron comisionados por la Delegación de Medio Ambiente para, además de sus funciones habituales, a revisar los límites y extensión de las fincas de canon de su zona y ver si respetaban el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), por existir en ese momento "una grave preocupación" de la Administración Autonómica por los cambios de uso de forestal agrícola con la consiguiente disminución de la extensión de Monte Público y el crecimiento descontrolado de la agricultura de frutos rojos.

En aquellas fechas, años 2005 a 2007, y tras varios contactos y reuniones, los acusados solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de ciertas empresas de la zona con el fin de no denunciar los distintos cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos que realizaban en sus terrenos, por lo que el coordinador de la unidad intentó que los agentes que no controlaba, no inspeccionasen dichas fincas y empresas, dando incluso la orden de que no hubiese agentes en la zona de Moguer después de las 18,00 horas, intentando que las fichas de ciertas fincas las hiciesen bajo su control los agentes acusados, aunque no les correspondiese.

En todo lo anterior participaban otros cuatro acusados propietarios-administradores de las fincas agrícolas de la zona, que ofrecían dinero en metálico a estos agentes para evitar las denuncias y, dado que todos ellos estaban ampliando la superficie cultivable ocupando monte público o realizaban construcciones sin licencias-autorizaciones, empezaron a tener distintas atenciones con ellos.

Del mismo modo, como tres de los agentes mantenían relaciones sentimentales con trabajadoras de estas fincas, todas ellas extranjeras que venían para las campañas de la fresa, empezaron a favorecerlas en relación con otras trabajadoras, de tal forma que los dueños de las fincas no sólo facilitaban que los acusados las vieran y mantuvieran relaciones en los alojamientos de sus fincas, sino que incluso les facilitaron alojamientos individuales y otras ventajas laborales.

Dos sentencias condenatorias

Así, los cuatro agentes acusados desarrollaron en estas fincas un comportamiento continuado, consistente en no denunciar las distintas y diversas infracciones constitutivas de delitos, incumpliendo de forma grave y consciente sus obligaciones, lo que ha dado lugar a sentencias condenatorias para dos de los dueños de las fincas afectadas, estando pendientes de juicio los casos de las otras dos fincas.

Todas las irregularidades fueron denunciadas por otros agentes de Medio Ambiente de la misma unidad ante la Delegación Provincial, que dio cuenta a la unidad adscrita de Policía, la cual investigó los hechos, constató las irregularidades y delitos cometidos en las fincas mencionadas y detuvo a los agentes acusados en junio de 2008, estando los mismos suspendidos de funciones hasta el 30 de octubre de 2008.

Para el juicio, cuya fecha aún no está señalada, la Fiscalía pide la declaración de testigos funcionarios de Medio Ambiente, ecologistas y de la Policía Autonómica.