La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León juzga desde hoy a P.R.A, de 32 años, acusado de un delito de asesinato por la muerte de un taxista de Ponferrada en Las Ventas de Albares en agosto de 2008, al que presuntamente F.D.G., un segundo implicado—fallecido durante la tramitación de esta causa—, disparó en la cabeza provocándole la muerte.

El Fiscal solicita para el acusado una pena de 26 años y 11 meses de prisión—20 años por un delito de asesinato, 5 años por un delito de robo con violencia y uso de armas y un año y once meses por tenencia ilícita de armas—, así como una multa de 900 euros por un delito de hurto de vehículo a motor en grado de tentativa y una indemnización de 150.000 euros a los padres de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2008 cuando los acusados requirieron los servicios del taxista en la Estación de Autobuses de Ponferrada para ser trasladados a Las Ventas de Albares. El taxista siguió las indicaciones de los ocupantes que le dirigieron a una zona "despoblada, solitaria, apartada absolutamente de la circulación y escasamente iluminada".

Una vez en el lugar de los hechos, los acusados ordenaron a la víctima que detuviera la marcha del vehículo y antes de que el coche estuviera totalmente apagado, F.D.G. le propinó de forma "consciente y voluntaria" un disparo en la cabeza a J.M.A, de 34 años, sin que la víctima tuviera oportunidad alguna de defenderse, lo que le provocó la muerte.

El acusado sostiene que él no era "consciente" de las intenciones de F.D.G. cuando subieron al taxi, a pesar de que éste último le hubiera enseñado el arma antes de acceder al vehículo y de estar en pleno conocimiento de unos hechos muy similares ocurridos en Salamanca 20 días antes, en los que los acusados presuntamente también atracaron y dispararon a un taxista y a un marmolista.

Tras efectuar el disparo, ambos sacaron al taxista del vehículo y se apoderaron de la recaudación, de su cartera, gafas de sol y teléfono móvil. Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que los acusados intentaron arrancar el vehículo, sin llegar a conseguirlo pues, como consecuencia del disparo, éste colisionó contra un árbol quedando inhabilitado para su funcionamiento.

Tras el intento, los acusados se dieron a la fuga a pie y se fueron a tomar un café a un establecimiento de la zona. El acusado sostiene que en todo momento actuó bajo las amenazas de F.D.G., quien le advirtió que o le ayudaba y se callaba o "ya sabía lo que iba a pasarle", a él y a sus hermanos.

"Me llevó a punta de pistola a Bembibre, durante dos o tres kilómetros; después fuimos a un bar a tomar un café y fuimos a donde yo vivía antes en Bembibre. Me dijo que me fuera donde yo vivía en Ponferrada y que no hiciera nada hasta que él me lo dijera. Si no, iría a por mis hermanos", aseguró el acusado.

P.R.A. aseguró que se "sintió obligado a subir al taxi" y que se sentía amenazado por F.D.G. a quien conocía desde hacía unos meses y de que dijo que tenía un carácter "violento y frío".

Del mismo modo, P.R.A. relató que el taxista comenzó a sentirse nervioso y que, probablemente, se percató del peligro y "no se fiaba de la persona que llevaba detrás", ya que "miraba mucho por el retrovisor". Asimismo, aseguró que de haber sabido las intenciones de F.D.G. no hubiera subido al vehículo y que "no pudo" impedir los hechos pues fue "algo sorpresivo".

Los acusados fueron detenidos en Cistierna el 29 de agosto de 2008, después de que la Guardia Civil los detuviera en plena noche por presentar una actitud sospechosa. En el momento de la identificación, F.D.G. sacó una pistola con la que apuntó a uno de los agentes a la cabeza y fue la rápida actuación del otro agente la que impidió los hechos.

Una vez detenidos, P.R.A. declaró los hechos sucedidos el 19 de agosto a la Guardia Civil, pues aseguró que fue en ese momento cuando se sintió "fuera de peligro" —tanto él como sus hermanos— al estar F.D.G. retenido.

La acusación particular pide 38 años de cárcel para el acusado—25 años por un delito de asesinato; 5 años por robo con violencia y uso de armas; 3 años por tenencia ilícita de armas y 5 años por un delito de hurto de uso de vehículo a motor en grado de tentativa— así como 10 años con la prohibición de comunicarse con los padres del fallecido.

Por su parte, la defensa pide para el acusado la libre absolución y, en caso de no ser así, pide que se tengan en cuenta las eximentes de "confesión y colaboración en todo momento con la investigación, intoxicación por drogas y actuar con miedo bajo las amenazas de F.D.G.".