El alcalde de La Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez González (PSOE), para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de cárcel y seis años de inhabilitación por gastar supuestamente en poco más de un año 6.098,66 euros en llamadas privadas y a teléfonos eróticos con el teléfono móvil del Ayuntamiento, ha defendido este viernes que hizo un uso "debido" del teléfono para "ayudar" a una vecina de la localidad que sufría "una depresión brutal" por un asunto de malos tratos.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la sala de la Audiencia Provincial donde este lunes se ha constituido el jurado popular que lo enjuiciará a partir del martes, el primer edil ha tachado de "gran mentira" las acusaciones vertidas contra él y ha puesto de manifiesto que "ya era hora de que se celebrara el juicio", pues los supuestos hechos se remontan a hace diez años, concretamente a 2001, por lo que se ha mostrado "deseoso" de que se desarrolle la vista oral, al final de la cual ha vaticinado que quedará absuelto.

En este sentido, Julio Álvarez ha comenzado diciendo que está casado desde hace 26 años y que tiene tres hijos, para a continuación admitir que, "en el uso de su trabajo como alcalde", hizo distintas llamadas desde el teléfono móvil que tenía asignado a una mujer "que se encontraba en una situación muy complicada, con una depresión brutal por malos tratos", por lo que su intención sólo era la de "ayudar" a esta ciudadana —"que ya está recuperada"—, algo que "volvería a hacer 1.000 veces más".

"Esta mujer fue mi novia de juventud, cuanto tenía 14 o 15 años, y ya a los 18 años me casé con mi actual pareja", según ha proseguido el alcalde de La Puebla del Río, quien ha relatado que la afectada fue a los servicios sociales municipales, donde fue atendida por un psicólogo, y tras ello tanto este profesional como el cabo de la Policía Local del municipio le trasladaron la conveniencia de que intercediera en el problema, algo que, "en la misma coyuntura, volvería a hacer 1.000 veces más". "Yo sólo pretendía ayudarla porque estaba metida en un mundo complicado", ha apostillado.

ABSOLUCIÓN

Tras ello, le dio su número de teléfono móvil a la mujer "y se puso a su disposición para que me llamara a la hora que quisiera", añadiendo que, en su momento, devolvió todo el dinero gastado en estas llamadas "para que nadie tuviera la conciencia de que he hecho algo indebido", todo ello al tiempo que ha subrayado que el jurado popular lo declarará inocente y saldrá absuelto. "Si he cometido algo que sea delictivo, lo habría hecho inconscientemente", ha agregado, para aseverar que "todo es mentira y se va a demostrar".

Tras defender su "honradez" y su "ética" y poner de manifiesto que toda la información que fue solicitada en su día por la oposición municipal "se ha facilitado", Julio Álvarez ha negado haber realizado llamada alguna a teléfonos eróticos —según el fiscal, gastó 8,38 euros en cuatro llamadas de este tipo—, y ha alegado que las pudo realizar un hijo suyo o alguien de su entorno más cercano, ya que "yo nunca he llamado a una línea erótica".

Tras constituirse el jurado, este martes declararán tanto el primer edil como Juan Carlos Benítez Martín, concejal de Obras y Servicios, imputado también en la causa. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, el acusado, que es alcalde del municipio desde 1999, disponía de un teléfono móvil cuyos gastos se abonaban con cargo al fondo de las arcas municipales, pero "a pesar de que se trataba de un teléfono destinado a las necesidades del servicio público", el acusado "lo usaba de manera totalmente abusiva para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos que fueron abonados con fondos públicos".

El fiscal añade que el procesado gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 hasta 6.098,66 euros en llamadas privadas a una mujer y a teléfonos eróticos. Al ser detectados todos estos gastos "indebidos y desproporcionados" por el entonces portavoz municipal de IULV-CA, éste dirigió un escrito al alcalde "pidiéndole explicaciones" y solicitando copias de las facturas desde agosto de 1999. Tras ello, el primer edil le contestó diciendo que había dado las órdenes oportunas al tesorero y al interventor municipales para exhibirle la documentación pedida a partir del 2 de mayo.

En fecha posterior al 26 de abril de 2001 el también acusado Juan Carlos Benítez Martín, "conociendo los hechos cometidos" por el alcalde "y para impedir su descubrimiento" a petición de este último, "aprovechó que como concejal tenía acceso a la documentación" y solicitó para sí los duplicados que ya se habían hecho de las facturas originales, que se encontraban debidamente conservados en el archivo municipal para su exhibición a la oposición.

Manipulación de las facturas

De este modo, una vez tuvo en su poder dichos duplicados "y con el beneplácito" del alcalde, "los manipuló, modificando mediante escáner muchos de los números receptores de las llamadas y los teléfonos de la línea erótica en todas las facturas desde noviembre de 1999 a febrero de 2001, todo ello con la finalidad de ocultar la actuación previa" del primer edil. Posteriormente, el concejal acusado devolvió al archivo municipal las copias manipuladas "a fin de que fueran exhibidas" a partir del 2 de mayo al portavoz municipal de IU.

No obstante, y una vez se constató la existencia de las copias manipuladas tanto por el portavoz de IU como por el interventor y tesorero municipales, el concejal imputado devolvió las copias auténticas. Tras la interposición de la querella contra los acusados en mayo de 2002, el alcalde devolvió la cantidad de 6.230,82 euros a que se refería la querella.

Por todo ello, la Fiscalía pide para el alcalde de La Puebla del Río tres años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, y un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Asimismo, solicita para el concejal un año y seis meses de cárcel por un delito de encubrimiento, y un año y nueve meses de prisión por el delito de falsedad.