La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha pedido este lunes una comisión especial de investigación para esclarecer las "irregularidades" y "demoras" en el expediente del caso Majestic por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, en el que han intervenido "varios servicios", y que, según Alborch, "evidencian que la tramitación municipal no ha sido todo lo clara que debería ni ha cumplido los plazos razonables de actuación".

La dirigente socialista ha anunciado que su grupo presentará una moción al próximo pleno municipal en la que solicitará la creación de una comisión especial no permanente, figura contemplada en los artículos 103 y 104 del Reglamento Orgánico del Pleno, para que "investigue los asuntos relacionados con la tramitación del expediente del Majestic y esclarezca y resuelva todas las dudas que planean sobre la actuación municipal".

"Nuestra iniciativa está guiada por la prudencia y no ha sido precipitada", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que, tras el estudio del expediente, quedan "preguntas por resolver" como "por qué no se denegó inmediatamente la licencia de actividad" a pesar de que el Ayuntamiento tenía conocimiento, gracias a la alegación presentada por los vecinos en octubre de 2004, de que se trataba de un prostíbulo y no de un hostal".

Asimismo, Alborch pregunta por qué no se ordenó de forma inmediata el cese de actividad tras las denuncias de la Policía Local contra el local de 19 de mayo de 2005 y de 5 de septiembre de 2005 por carecer de licencia"; por qué transcurrieron 17 meses desde la primera denuncia de la Policía Local y la primera resolución de cese de actividad; por qué transcurrieron 18 meses hasta la primera resolución de cese de actividad del concejal Vicente Igual, el 20 de noviembre de 2006; por las actuaciones realizadas desde esta fecha y hasta abril de 2007, mes en que se produjeron las nuevas resoluciones de la Junta Municipal de Trànsits reiterando la orden de cese de actividad y denegando la licencia y del concejal en el mismo sentido.

Asimismo, pregunta por qué el primer atestado policial, de mayo de 2007, no se produjo hasta siete meses después de la primera resolución de cese de actividad; por las razones por las que, tras los atestados policiales de mayo y junio de 2007, con un tercer quebrantamiento de precinto del local, no se interpuso denuncia ante el juzgado de instrucción por desobediencia; por qué tras la sentencia judicial de 21 de septiembre de 2009 que confirmó la denegación de licencia no se volvió a ordenar el cierre del local y por las acciones que emprendió el Servicio Jurídico tras recibir las actas de precinto remitidas por el Secretario de Trànsits en julio de 2009.

Según Alborch, ante todas estas preguntas "tenemos que solicitar esta comisión de investigación, teniendo claro que el Ayuntamiento de Valencia debe comprobar la regularidad de la tramitación del expediente".

Asimismo, ha señalado que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en calidad de dirigente del PP y de presidenta de la corporación, "debe impulsar una investigación" en su partido para conocer el alcance de las actuaciones de José Luis Bayo —ex dirigente de NNGG de Valencia que, según una denuncia presentada por el edil Vicente Igual, utiliza su nombre para convencer a la dueña del club, Pilar Monreal, del pago de dinero para la continuidad del local— y aclarar los motivos por los que no se le ha expedientado hasta tres años después de tener conocimiento de los hechos".

"principal actividad"

En esta línea, el edil socialista Juan Ferrer ha indicado que la "principal duda" es "por qué no se llevó a cabo ninguna actividad policial relacionada con el local entre junio de 2007 y julio de 2009, periodo que coincide parcialmente con los dos años -2007 y 2008- en los que Pilar Monreal asegura en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción haber entregado dinero a José Luis Bayo para que le facilitara la concesión de licencia de actividad para el establecimiento".

"¿Qué extraños motivos actúan para que se viole el precinto y no pase nada?", se ha preguntado el edil, para quien el hecho de que aparezca un vídeo en que un dirigente de Nuevas Generaciones del PP utiliza el nombre de un concejal para pedir dinero a la propiedad de un local "es lo suficientemente grave para que se esclarezca".

Para Ferrer, "el principal interesado debe ser el Partido Popular, sobre todo para dejar a salvo la implicación del Ayuntamiento". "No presuponemos la implicación de Igual en los hechos", ha señalado el portavoz adjunto socialista, para quien el problema es "la dilación de meses en tantos y tantos servicios que han estado en contacto con el expediente: sanidad, licencias, licencias de actividad, Policía Local, servicios jurídicos, entre otros".

"Queremos esclarecer por qué los servicios pueden distraer el expediente o no actuar", ha señalado el edil, quien ha puesto en evidencia "la contradicción que supone que mientras cuando los socialistas presentamos un recurso, el Ayuntamiento llega hasta el Supremo; cuando se trata de hacer cumplir las resoluciones del consistorio, el equipo de gobierno no llega ni al juzgado de guardia".