La Fiscalía de Granada ha solicitado la inhabilitación por un periodo de siete años del alcalde de Pinos Puente, Vicente Mario García (IU), que gobierna en coalición con el PP y con el grupo independiente 'El Olivo', por un posible delito de prevaricación supuestamente cometido en la contratación "irregular" de una trabajadora, monitora de prensa en el Ayuntamiento.

Por ello, se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de Granada, en una vista oral que tendrá lugar este lunes a las 11,00 horas, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Los hechos por los que será enjuiciado se remontan a 2008, cuando el regidor acordó la contratación de la monitora de prensa a tiempo parcial, por veinte horas semanales, pese a conocer "el informe desfavorable" de la secretaria e interventora del Ayuntamiento de 30 de abril de ese año, en el que se le advertía de que no se seguía con ello "el procedimiento de contratación legalmente establecido", según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el contrato de trabajo, que se había acotado del 5 al 31 de mayo de 2008 y que correspondía al grupo C2 nivel 12 CE (122,37 euros), se especificaba como de obra o servicio determinado para atender eventos del Ayuntamiento como gabinete de prensa, y contrato de duración determinada en el que se establecían dos cláusulas. La primera, que se sometía el contrato al programa de prensa y comunicaciones municipales, de la Concejalía de Asuntos Sociales y Alcaldía, y la segunda, que se establecía "de mutuo acuerdo" la disponibilidad horaria "para cualquier necesidad, incluso fin de semana y sin compensación económica sino horaria".

Lo cierto es, considera el fiscal, que "advertido de la ilegalidad de la contratación", el alcalde, "ejerciendo la posición de superioridad que le proporcionaba su cargo para el ejercicio de la función pública", convino "arbitrariamente" la contratación de una persona "al margen de los cauces legales", "perjudicando" con ello las expectativas de otros ciudadanos o incluso a los intereses generales.

Todo ello, incide el Ministerio Público, "con olvido y menosprecio de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben presidir la contratación pública", pues la contratación del personal no permanente "debe efectuarse mediante los sistemas de concurso o concurso-oposición, previa convocatoria pública con las excepciones previstas en la Ley, para los supuestos de urgencia en la contratación o cuando no exceda del periodo de quince días", un extremo éste que ya hizo constar la secretaria del Ayuntamiento en su informe.

Por ello, entiende el fiscal que el acusado "hizo omiso de las anteriores consideraciones y tampoco expresó ni motivó las razones para la adopción del acuerdo de contratación, de forma contradictoria a la legalidad", por lo que le atribuye la presunta autoría de un delito de prevaricación, con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años.

Además, el Ministerio Público, que pide que el alcalde haga frente a las costas del juicio de ser condenado, solicita igualmente que se declare la nulidad de la resolución de contratación de la monitora de prensa, que está llamada a declarar como testigo en el juicio de este lunes, entre otras personas.