El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración dotar el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes con 66,6 millones de euros para este año, de los que 768.177 euros se destinarán a La Rioja.

La cuantía global supone cuatro millones menos que en el ejercicio de 2010 y marca un mínimo histórico en la dotación de esta partida.

Este fondo, creado en 2005 para reforzar el presupuesto de las comunidades autónomas en la integración de sus vecinos extranjeros, se ha ido recortando progresivamente en los últimos ejercicios presupuestarios. Así, mientras que entre 2005 y 2008 el fondo pasó de 120 a 200 millones de euros, en 2009 se redujo a 100 millones, en 2010 contó con 70 y, este ejercicio, tendrá un total de 66,6.

Según explica el Gobierno, aunque en la actualidad "ha disminuido el incremento de la población inmigrante, en materia de integración sigue siendo necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones públicas para garantizar la cohesión social y la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco de la Constitución", por lo que se ha aprobado esta partida.

El fondo se articula en tres partidas. La primera, de Acogida e Integración, recibirá este año un total de 39,6 millones euros, mientras que el montante destinado a Refuerzo Educativo será de 26,4 millones y se emplearán 536.960 euros en la Atención a menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias.

Para la distribución por comunidades autónomas, en mayoría de Acogida e integración se establece una asignación básica para cada región (10 por ciento). No obstante, las zonas con mayor presión migratoria -Andalucía, Illes Balears, Canarias, Catalunya, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla- recibirán además, un 25 por ciento. El resto se repartirá en función de la cantidad de inmigrantes de cada comunidad.

En cuanto a la partida de Refuerzo Educativo, se asigna en función de los siguientes criterios: el número total de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria por Comunidad Autónoma y el número de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria procedente de países no castellanohablantes por cada región.

Así las cosas, Cataluña será la que reciba más fondos, con 14,9 millones, seguida de Madrid (13,4), Andalucía (7,7), Comunidad Valenciana (7,2), Murcia (4,1) y Canarias (3,2). Aragón recibirá 2,1 millones; Asturias, 625.218 euros; Baleares, 2,1 millones; Cantabria, 589.789 euros; Castilla-La Mancha, 2,7 millones; Castilla y León, 2,07 millones; Extremadura, 700.992 euros; Galicia, 1,1 millones; Navarra, 566.123 euros; País Vasco, 893.007 euros; La Rioja, 768.177 euros; Ceuta, 381.551 euros; y Melilla, 432.497 euros.

Un fondo polémico

La dotación presupuestaria no ha estado exenta de polémica, especialmente desde que en 2008 el Gobierno consignó el Fondo por Real Decreto como una partida extraordinaria de 200 millones de euros a repartir entre comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG especializadas en acogida a pie de playa.

En marzo de 2009 el Ministerio de Trabajo e Inmigración informó por carta a los responsables autonómicos en la materia de que sobre el presupuesto previsto se efectuaría un recorte del 30 por ciento motivado por la crisis económica, rebajando el importe de 200 millones a un total de 141. Sin embargo, respondiendo a las demandas del Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y las ONG y asociaciones de inmigrantes, el Gobierno restituyó un mes después los 59 euros que se habían suprimido.

Con todo, en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el Ejecutivo volvió a plantear una reducción del Fondo, esta vez del 50 por ciento, hasta una dotación de 100 millones de euros, por la menor llegada de inmigrantes a España y por el rediseño de las políticas de financiación local, que reforzarían el presupuesto de las Comunidades Autónomas para estos fines.

Finalmente, el Fondo quedó fijado en 70 millones, aunque el Congreso había pedido al Ejecutivo que restituyera la partida hasta los cien millones de euros anunciados previamente.