Un total de 374 padres objetores españoles han presentado demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la obligación de que sus hijos cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), según ha informado la asociación de Profesionales por la Ética.

La cifra se eleva después de la presentación, esta semana, de cuatro nuevas demandas correspondientes a casos de Madrid y Asturias, en lo que constituye la "cuarta tanda" de recursos planteados al tribunal desde que se aprobó la Ley Orgánica de Educación que introducía esta asignatura en las aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Profesionales por la Ética afirma que entre marzo de 2010 y 2011 han llegado a Estrasburgo casos de familias de La Rioja, Lisboa (españoles que residen en Portugal), Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia, que demandan al Estado español por "violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

En concreto, los demandantes acusan al Estado de "violar" el "derecho a la vida privada de los menores, la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores y sus padres, el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones y no discriminación", según explica la organización, que se ha encargado de llevar estos procesos en colaboración con Alliance Defense Fund (ADF) y European Center for Law and Justice (ECLJ).

Por otra parte, varias familias españolas están pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional (TC), ya que han presentado recursos de amparo por la negativa de los Tribunales Superiores de Justicia a reconocer su derecho de objeción a Educación para la Ciudadanía.

Los recursos ante este tribunal se basan en la vulneración, por el acto administrativo que denegó a los padres el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a EpC, de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, garantizados por los arts. 16, 1 y 27, 3 de la Constitución Española.