El PP-A ha manifestado que el decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía "demuestra" que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "conoció, en todo caso, los informes de la Intervención General de Hacienda" en los que se advertía de que el procedimiento seguido para la concesión de las ayudas sociolaborales no era el adecuado.

El Partido Popular, que ha remitido a los medios de comunicación una parte del citado decreto, ha indicado que en el mismo se señala, respecto a la Intervención General de Hacienda, que el informe de actuación "se remitirá al titular de la Consejería de la que dependa y al de la Consejería de Economía y Hacienda, para que en el plazo de 15 días manifieste su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo".

Ha anunciado además que va a solicitar los expedientes completos de los Informes de Intervención desde el año 2002 al año 2009, así como los escritos de contestación del titular de la Consejería de Empleo, del titular de la Consejería de Economía y Hacienda y del director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

A este respecto, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, ha denunciado en un comunicado que el Gobierno andaluz "persiste en el engaño sobre la implicación de Griñán en este asunto, puesto que el decreto deja meridianamente claro que como consejero de Economía y Hacienda conoció en todo caso los informes de la Intervención e, incluso, debió elevarlos al Consejo de Gobierno".

Soto ha afirmado además que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "miente cuando dice que no había obligación de remitir los informes al consejero de Economía salvo si se detectaran problemas y, por tanto, hubiera un Informe de Actuación".

Ha agregado que, de acuerdo con el Decreto 9/1999, tras un primer informe con carácter provisional que se comunica a la empresa para formular alegaciones, la Intervención General "formula informes definitivos de los que debe dar traslado al titular de la Consejería de la que depende la empresa, en este caso Empleo, y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda".

La portavoz popular ha señalado que no sólo en el caso de se aprecie un menoscabo de los fondos públicos, la Intervención General emite un informe de actuación, sino también en aquellos casos en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas. "También este informe de actuación se debe remitir al titular de la Consejería de la que dependa la empresa y al de la Consejería de Economía y Hacienda, para que en el plazo de 15 días manifieste su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo", según ha apuntando Soto esgrimiendo ese decreto.

Además, ha explicado que si se mantiene la disconformidad y no se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación, de acuerdo con el decreto, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, someterá las actuaciones, a la consideración del Consejo de Gobierno.

La portavoz popular ha recordado que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, manifestó el día 9 de marzo que la Intervención General cumplió con su papel en todo momento, de lo que se deduce también que los informes se remitieron a Griñán.

Además, Soto ha indicado que el pasado 9 de febrero, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, "informó de que el procedimiento por el que se concedían estas ayudas fue rebatido por la Intervención General de Hacienda, que emitió varios informes manifestando su disconformidad con el procedimiento administrativo seguido" y que la decisión de continuar con el procedimiento fue "una decisión técnico política, a pesar de que la norma regula específicamente el proceso que debía seguir".