El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de la Ley reguladora de la protección de las persones consumidoras y usuarias en los servicios de telefonía e internet, que pretende dar respuesta a la carencia de seguridad jurídica que hay en este ámbito.

Los servicios de telefonía y de internet son, año tras año, el sector que más reclamaciones recibe. A lo largo de la presente legislatura, se han acumulado más de 5.500 reclamaciones contra empresas de telefonía y de internet en la Dirección General de Consumo y solo en 2010 se registraron 2.419, lo que representa un 32% del total de reclamaciones tramitadas de todos los sectores.

El conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, ha presentado el proyecto de esta ley, que ha venido motivada por la necesidad de adaptar la normativa a la realidad social balear. Actualmente, el 86% de la población mayor de 16 años es usuaria de telefonía móvil, un 73% de los hogares dispone de teléfono fijo y un 63% de la población tiene acceso a internet al hogar.

Las principales novedades que aporta el proyecto de ley radican en la obligación de que las empresas operadoras de telefonía e internet con establecimientos en las islas ofrezcan prestaciones gratuitas para los usuarios.

Así, deberán de dar atención directa a los clientes o servicios postventa presenciales en los que se formalicen los contratos de prestación de servicio o de venta de un terminal de telefonía o internet. Asimismo, tendrán que dar copia de las modificaciones y bajas en los contratos, dar información sobre las zonas de cobertura de sus servicios, de los servicios que prestan y de los precios completos, así como ofrecer mayores garantías en la venta y reparación de terminales.

Cabe señalar que la ley ampara tanto a los consumidores y usuarios residentes en Baleares como a los que han formalizado el contrato en la comunidad.

El órgano competente para vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones de esta ley es la Inspección de Consumo de la comunidad autónoma. Además, el Govern puede sancionar las infracciones de la normativa en materia de disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

Las infracciones pueden ser calificadas como leves, graves y muy graves, y pueden comportar sanciones de hasta un millón de euros, en los casos más graves. Además, se propone publicar en el Boletín Oficial de las Islas Baleares todas las sanciones impuestas por faltas graves o muy graves, una vez agotada la vía administrativa.