El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Jaime Reinares, ha acusado este viernes a la Sindicatura de Cuentas, al Tribunal de Cuentas y a la Federación Socialista Asturiana de "fabricar, inventar y retorcer argumentos orientados a acusar al Consistorio de irregularidades -en el expediente de Villa Magdalena-, siendo plenamente conscientes de que no existen".

En una rueda de prensa sin preguntas, el edil ha facilitado un dossier con correos electrónicos presuntamente intercambiados desde octubre de 2009 a octubre de 201O entre la antigua secretaria general de la Sindicatura, Rosa Zapico; el secretario general de la FSA, Javier Fernández; y el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler. La documentación fue filtrada el pasado 9 de marzo por un ciudadano anónimo bajo la firma 'Voxpopuli', al que el equipo de Gobierno agradece un comportamiento "desinteresado y heroico".

El concejal ha acusado a los tres "personajes" de "liquidar la credibilidad de la Sindicatura de Cuentas de Asturias y de causar un grave daño al prestigio del Órgano fiscal del Tribunal de Cuentas de España".

Por ello, ha exigido la "inmediata dimisión" del fiscal jefe del organismo, Olayo Eduardo González, por "fabricar pruebas y argumentos al dictado de dirigentes del Partido Socialista, completamente al margen de la veracidad, la legalidad y la ética". "Si ha actuado así en este asunto cabe suponer que ha actuado de manera similar en otros muchos casos contra otras instituciones gobernadas por el Partido Popular", ha argumentado.

Reinares ha anunciado que el Ayuntamiento tomará "todas las medidas políticas, institucionales y jurídicas" porque "en treinta años de democracia en España es difícil encontrar un asunto que tan gravemente afecte a la esencia misma del Estado de Derecho".

En el presunto intercambio de correos electrónicos, y siempre según el PP, el pasado 5 de julio Olayo González informaba a Rosa Zapico de que "el principal obstáculo para apreciar la existencia de responsabilidad contable -del Ayuntamiento- radica en que los prejuicios no se han producido aún, sino que pueden producirse", con lo que para hablar de responsabilidad contable "habría que esperar a que se hubiese llevado a cabo el cumplimiento del convenio de 27 de abril de 2010", algo, le advierte, "difícil de conseguir".

Un día más tarde, ella le contesta: "El peor de los escenarios sería que desde el Tribunal de Cuentas se archivara el asunto ipso facto y eso, en la medida de lo posible, querríamos desecharlo".

Horas más tarde, en un nuevo correo con el mismo destinatario la entonces secretaria de la Sindicatura le informa de que no pueden decir nada porque cuando todo el proceso finalice ya no estarán "por esos lares". En el mismo texto, le asegura que lo ocurrido hasta el momento es "como mínimo anómalo y como máximo algo peor".

El fiscal jefe del TCU le sugiere que supriman las consideraciones sobre las razones que justifican la existencia de responsabilidad contable o, a lo sumo, que las mantengan referidas a la existencia de indicios que aconsejan la apertura de algún procedimiento en el ámbito de la sección de enjuiciamiento.

Según Reinares, ocho meses después de la citada conversación, y "en plena precampaña electoral", "hacen efectiva la trama orquestada" y Avelino Viejo envía el "informe prefabricado" al Tribunal de Cuentas "con la oposición y voto en contra de los otros dos síndicos" y, "cumpliendo su pacto" pide la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

A la vista de lo narrado, el responsable de las cuentas municipales ha considerado que Javier Fernández (FSA), el fiscal jefe del TCU y la entonces secretaria general de la Sindicatura utilizaron a dichos organismos como arma política "al margen de cualquier consideración ética y jurídica" en una actuación que supone "un atentado al Estado de Derecho".