El Partido Popular preguntará en el Pleno parlamentario del próximo día 21 de marzo por los pagos del Gobierno en los últimos años a varias empresas privadas, entre las que figuran las mencionadas por el secretario general de Ceoe-Cepyme, Yves Díaz de Villegas, en su denuncia de "irregularidades" en la patronal.

Fuentes del PP explicaron a Europa Press que estas preguntas se enmarcan dentro de la labor de petición y análisis de los contratos del Gobierno que llevan haciendo toda la legislatura. De hecho, las preguntas afectan también a otras empresas, como Fraile y Blanco, Fundestic o Puzzle Producciones.

La Mesa del Parlamento ha fijado este viernes el orden del día para el pleno del lunes 21, que comenzará a las 17.00 horas y en el que se tratará también la modificación de la Ley del Suelo con la que se pretende facilitar el cobro de los indemnizaciones a los propietarios de vivienda con sentencias de derribo antes de que se ejecute la demolición.

En uno de los puntos, el diputado del PP Eduardo Van den Eynde pregunta al Gobierno de Cantabria por el importe total de los pagos efectuados entre 2007 y 2010 a las empresas Exyt Events, Quality Catering, Larpi Eventos, Inexcom, e Intech Consulting.

Estas empresas fueron mencionadas por el secretario general de la CEOE en su carta a la Junta Directiva de la patronal en la que aludió a un "entramado de empresas" para "autoadjudicarse contratos" de esta entidad y del que responsabilizó al presidente, Miguel Mirones.

La petición de información de la oposición incluye a otra empresa no mencionada en esa relación, Nxo, y excluye a otra que sí figuraba, el Grupo C&C.

En otro punto del orden del día, Van den Eynde, pregunta sobre los pagos realizado entre 2007 y 2010 a Fraile y Blanco, Novomedia Comunicaciones, CH Multimedia, Sabia, Comunica 21, Fundestic y Cintec.

La siguiente pregunta se refiere al mismo período de tiempo, y se centra en Magnavista Publicidad. Y en el siguiente punto del orden del día, el diputado pregunta por el importe total de los pagos desde 2007 a Puzzle Producciones y Vélez Castellanos-Imass Comunicación.

En el Pleno se plantearán también otras cuestiones, como una interpelación del PP sobre los criterios para demorar el pago de subvenciones a los Centros Especiales de Empleo, así como una pregunta sobre el desarrollo de desfiles de moda en el vestíbulo de la Biblioteca Central y Archivo Histórico, y otra sobre las garantías para evitar el derribo del polideportivo Peru Zaballa, de Castro Urdiales.

Indemnizaciones por los derribos

El Pleno debatirá y votará sobre la modificación de la Ley del Suelo para garantizar que los propietarios de las viviendas con sentencia firme de derribo puedan cobrar su indemnización antes de que se ejecute el daño.

Con esta modificación se trata de cumplir la resolución del Parlamento de Cantabria de julio de 2010 en la que se instaba a cumplir este objetivo.

El Gobierno de Cantabria plantea un mecanismo que pretende dotar de mayor seguridad al tráfico jurídico inmobiliario, propiciando la mayor publicidad de los litigios que se susciten en el ámbito urbanístico, a fin de evitar mayores perjuicios a los terceros adquirientes.

Así, los servicios jurídicos de la Administración autonómica tendrán la obligación de promover la publicidad registral de los procedimientos en los que se impugnen actos de naturaleza urbanística cuando se advierta que pueden derivarse perjuicios para terceros.

En segundo lugar, se pretende incorporar a la legislación urbanística de Cantabria una previsión, dentro del marco establecido por la legislación estatal, que permita el abono de la indemnización con carácter previo al derribo efectivo de los inmuebles.

Esta ley introduce un mecanismo que, sin alterar la configuración general del instituto de responsabilidad patrimonial, permite la sustanciación del procedimiento de forma anticipada, sujetando la eficacia de la resolución indemnizatoria a la condición suspensiva de que el propietario del inmueble afectado ponga éste a disposición de la administración obligada a materializar el derribo.

Por otro lado, la norma articula un mecanismo de intervención de todas aquellas administraciones que se les imputa el daño, ofreciendo así las herramientas para una mejor resolución del procedimiento que permita una adecuada identificación de la administración que resulte responsable.

En el trámite parlamentario de esta modificación, los grupos parlamentarios Regionalista y Socialista han propuesto que la demolición de las viviendas afectadas por sentencias firmes en Cantabria se realice después de determinar la responsabilidad patrimonial y de que se establezca el importe mínimo de la indemnización que, además, deberán haber cobrado los afectados.

Los grupos que sustentan al Gobierno plantean que ante actuaciones ilegales que propicien una demolición se deberá iniciar el correspondiente procedimiento de reclamación desde el momento en que se conozca la resolución judicial o administrativa que obligue al derribo.

Además, la cuantía de la indemnización se podrá establecer antes de la demolición efectiva, pero dicha indemnización quedará entonces condicionada a que el inmueble afectado pase a disposición de la administración encargada de materializar el derribo.

En cuanto al plazo para establecer tanto la responsabilidad como el importe mínimo de la indemnización será de seis meses. A partir de entonces, la administración responsable tendrá tres meses para pagar la cantidad establecida al perjudicado.

De esta forma, solo se podrá ejecutar el derribo cuando se haya determinado la responsabilidad y el afectado haya cobrado el importe mínimo de la indemnización.