El senador autonómico por Baleares Pere Sampol ha subrayado que el acuerdo alcanzado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, con PNV y CiU para rechazar su enmienda al recorte de primas a la energía fotovoltaica implica una modificación de la normativa que permite mejorar la situación del sector.

En declaraciones a Europa Press, Sampol ha comentado que le consta que ayer hubo negociaciones para lograr este acuerdo que implica, según su criterio, que el Gobierno reflexionará sobre cambios en la normativa para "suvaizar" el recorte de primas. "Creo que se rebajará bastante", ha añadido para incidir en que, a pesar de que se haya rechazado su enmienda, su finalidad ha sido positiva.

El Pleno del Congreso ha rechazado con los votos de PSOE, CiU y PNV una enmienda introducida por el Senado a la norma de rango orgánica complementaria a la Ley de Economía Sostenible, que derogaba el recorte de primas al sector fotovoltaico aprobado por el Gobierno en la ley de medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Sebastián se ha reunido una hora antes del debate con los diputados de CiU y PNV para lograr un acuerdo de última hora para derrotar la enmienda. A cambio, se compromete a establecer un diálogo con el sector afectado, según ha explicado en los pasillos de la Cámara Baja el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka.

La presidenta de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper), Rocío Hortigüela, ha asegurado que este acuerdo supone una "posibilidad" de que incrementar la seguridad jurídica del sector y permitir que la aportación de las fotovoltaicas al recorte del déficit de tarifa sea "de verdad proporcionada". "Vamos a pelear por tratar de mejorar todas las condiciones", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que esta recuperación de una vía que, según los fotovoltaicos, "estaba muerta", ha reabierto la puerta al diálogo, que quiere retomar cuanto antes. "Mañana mismo", ha afirmado. Según Hortigüela el recorte afecta a una 50.000 instalaciones y 200.000 familias.