Exprofesores de la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa S.A. han cerrado filas hoy tras los que fueran máximos responsables de dicha institución académica, Ángel Altés Bustelo y su hija Ana María, acusados de un delito continuado de estafa, al afirmar que los alumnos de Gestión y Administración de Empresas "sabían perfectísimamente" que este título no tenía aún reconocimiento expreso de la Universidad de Galés y que estaba en fase de tramitación.

Si en la segunda sesión del juicio que se sigue contra ambos en la Audiencia de Valladolid los diecisiete exalumnos que se encuentran personados como acusadores particulares acusaron a los Altés de mantenerles engañados en la creencia de que el título de Bachelor in Bussines Administration ya había sido validado por Gales, en la jornada celebrada hoy seis de los docentes de dicha materia que integraban parte del claustro de profesores testificaron en favor de los acusados tras asegurar que todo el mundo era conocedor de que el reconocimiento no se había obtenido aún.

"Era vox populi entre profesores y alumnos", ha insistido Fernando M.J, quien, al igual que sus compañeros de claustro, ha precisado que el propio Ángel Altés mantenía al tanto de las negociaciones al personal docente e incluso a los estudiantes, al tiempo que ha advertido de que estos últimos recurrían a la Escte como última vía para obtener al menos el título privado de la academia tras no haber sido capaces de aprobar Bachillerato o la Selectividad y, por tanto, no tener opciones de matricularse en una universidad pública.

Este profesor y, a su vez, representante legal de la empresa que asesoraba a la Escte desde el punto de vista contable sí ha reconocido que a nueve de los alumnos, "por error", se les cobraron en 2004 y 2005 tasas por importe global de 20.000 euros correspondientes a la Universidad de Gales, si bien ha añadido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la anomalía se subsanó posteriormente y que el dinero indebidamente cobrado les fue ingresado en sus respectivas cuentas.

En la misma línea, otro de los profesores del claustro, Francisco M.B, ha manifestado que a la mayoría de sus pupilos "les importaba un pito" la obtención de un título validado por Gales, que además ni siquiera estaba reconocido en España, y, en consonancia con lo declarado por el resto del claustro, ha ensalzado el correcto funcionamiento de la Escte y la seriedad con la que se impartían las distintas materias.

Aunque todos ellos han asegurado que la tramitación del título para su reconocimiento por Gales se daba como un hecho, han reconocido, no obstante, que en las reuniones bilaterales que periódicamente mantenía la academia con representantes de la galesa se analizaba la marcha de las tres titulaciones—Periodismo, Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas—que sí se encontraban ya validadas por la institución británica pero nunca se abordó cuestión alguna sobre la relativa a Gestión y Administración de Empresas.

Suspensión del juicio

El juicio estaba previsto que concluyera mañana con la exposición de las conclusiones de las partes, si bien el tribunal se ha visto obligado a suspender el mismo ante la incomparecencia de un testigo considerado "clave" por una de las tres acusaciones particulares.

En concreto, se trata de Huw F. Hughes, representante de la Universidad de Gales que ocupaba el puesto de jefe de validación en aquella institución y que fue la persona que estuvo en contacto con la Escte para el reconocimiento del título de Gestión y Administración de Empresas.

Ante una posible indefensión, la Sala vallisoletana, de conformidad con las tres acusaciones particulares y la frontal opsición del fiscal y las dos defensas, ha acordado suspender la vista para que el testigo pueda comparecer mediante videoconferencia.

A tal efecto, el tribunal, a través del sistema de auxilio judicial urgente que existe en el Reino Unido, ha anunciado su propósito de ponerse en contacto con la Justicia de aquel país al objeto de que el representante de la Universidad de Gales pueda testificar bien el próximo día 24 de marzo o el 6 de abril.

Las dos personas, padre e hija, que comparten banquillo en la Audiencia de Valladolid se exponen a penas de entre cinco y seis años de cárcel, tal y como en el primer caso solicita el Ministerio Fiscal y en el segundo los acusadores particulares.