El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado que su formación le va a enviar una propuesta por escrito al secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, y al presidente del PP-A, Javier Arenas, con el objetivo de pactar una "agenda ética" en los ayuntamientos, de cara a las próximas elecciones municipales.

En rueda de prensa en Granada, Valderas ha precisado que esta iniciativa va encaminada a prestigiar la democracia y a ganar en honestidad en el marco de un proceso de regeneración institucional que suponga "recuperar el déficit ético" que, según ha indicado, tienen algunas instituciones.

Entre algunas de estas medidas que se incluyen en esta propuesta, el líder de IULV-CA ha destacado impedir la participación en las candidaturas de tránsfugas e imputados por corrupción y emprender una "lucha permanente" contra toda la corrupción, poniendo en marcha un observatorio del control de calidad de ejecución presupuestaria que evite cualquier elemento de negligencia o de mal uso de los fondos.

También ha propuesto Valderas establecer un reglamento salarial de los cargos públicos municipales y limitar el número de liberados políticos en función del tamaño y presupuestos municipales; eliminar el parque móvil destinado a coches oficiales implantando una normativas específica de uso; y reglamentar los criterios y procedimiento en el procedimiento de subvenciones públicas, facilitando la información y la igualdad de oportunidades.

Otras de las medidas van encaminadas a establecer el estricto cumplimiento para trasladar la información de acuerdo con la ley a los grupos políticos; a plantear que las comisiones de investigación no puedan ser rechazadas si hay un apoyo de tres quintos, y a que los presupuestos sean conocidos y valorados antes de su aprobación por los consejos económicos y sociales de la ciudad.

Valderas también ha demandado un compromiso con los servicios públicos, la elaboración participativa de los presupuestos y el mantenimiento permanente de políticas de austeridad; una reflexión abierta sobre la integración de las diputaciones en las administraciones para evitar duplicidades; y la defensa de la igualdad de oportunidades en la contratación pública indefinida y temporal, creándose bolsas de empleo participativas.