La reforma de las Cajas de Ahorro ha vuelto a dividir a los grupos de las Cortes de Aragón que sostienen al Gobierno autonómico, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), al votar el primero en contra de la propuesta del segundo para que el Parlamento aragonés interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley para el reforzamiento del sistema financiero.

La iniciativa ha sido rechazada este jueves en un pleno extraordinario al contar con 27 votos en contra del PSOE, 13 votos a favor de PAR, Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) y la abstención del Partido Popular (22 votos). Este último ha argumentado su abstención en que la iniciativa se ha tramitado "incumpliendo" el reglamento de la Cámara aragonesa.

El portavoz del PAR en las Cortes, Javier Allué, ha explicado que su propuesta se apoya en la competencia de "especial tutela e intervención sobre las cajas de ahorro domiciliadas en Aragón" que otorga el Estatuto a la Comunidad autónoma y ha precisado que el recurso se planteaba por la "infracción" de los artículos 14 y 38 de la Constitución española, que se refieren a los preceptos del principio de igualdad ante la ley y del principio de libertad de empresa.

Allué ha asegurado que el decreto-ley es "discriminatorio" para las cajas frente a los bancos porque obliga a las primeras a mayores exigencias en igualdad de condiciones y "desproporcionado", algo que "delata" la "voluntad" del Gobierno central de "acabar con las Cajas".

El diputado del PAR ha estimado que la Comunidad autónoma aragonesa "debe defender el sistema de cajas, que tanto nos ha proporcionado" y que representan financiación "para nuestras empresas y particulares" y una obra social "comprometida con la cultura y con los más necesitados". Por eso, ha apostado por manifestar el "reconocimiento político" a las Cajas oponiéndose al decreto-ley.

Allué ha señalado, asimismo, que la tramitación de esta iniciativa ha sido "absolutamente legítima" y "no es una cuestión electoral", sino una reacción a un decreto-ley aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de febrero, para lamentar la falta de apoyo de los grupos mayoritarios de la Cámara. "Cuando de Aragón se trata, algunos se van por los cerros de Úbeda", ha apostillado.

Agua de borrajas

El diputado del PSOE, Antonio Piazuelo, ha argumentado que el Tribunal Constitucional (TC) ha manifestado en todos los recursos y disquisiciones sobre esta cuestión que "es pura ley del Estado" y "cualquier recurso que hagamos es agua de borrajas", además de que "no tenemos competencias" para presentarlo.

Según el diputado socialista, "los nuevos tiempos necesitan nuevas entidades financieras y nuevos mercados financieros, más solvencia" y el Gobierno central "está haciendo lo que tiene que hacer para reestructurar y adecuar el entramado financiero de este país". Ha agregado que las cajas de ahorro aragonesas "no van a tener problemas" para cumplir los criterios de la nueva normativa.

El parlamentario del PP, Eloy Suárez, ha explicado su abstención al señalar que la iniciativa del PAR se ha tramitado "incumpliendo el reglamento de la Cámara", algo que se podía haber solventado presentado la iniciativa en el siguiente pleno, y por eso ha estimado que se utiliza el Parlamento "con ánimo electoral" y la celebración de este pleno extraordinario para debatir exclusivamente esta iniciativa ha sido un "regalito" al PAR.

Suárez ha añadido que la posición de su grupo sobre fondo del asunto la darán a conocer en otra iniciativa que se va a debatir en el pleno ordinario de este jueves, mientras que sobre ésta ha apuntado que el recurso de inconstitucional "fallaría por el principio", al "pretender plantearlo con un procedimiento que se salta a la torera la legalidad".

Eliminar un competidor

El diputado de CHA, Chesús Yuste, ha opinado que existe una "campaña orquestada e impulsada desde el Gobierno español" y parte del sector financiero "ávido de eliminar a un competidor", y se va a producir lo que ha llamado "la tercera desamortización aprovechando la crisis financiera internacional para liquidar las cajas y convertirlas en bancos".

Además, ha recordado que en el pleno ordinario de este jueves se va a debatir una iniciativa de su grupo para que el Gobierno de Aragón recurra ese decreto-ley y ha remarcado la "importancia" de las Cajas de Ahorro en Aragón por "su carácter vertebrador del territorio y colaborador en proyectos estratégicos, sociales y culturales".

Yuste ha sostenido que el decreto-ley "menoscaba competencias autonómicas" e infringe la Constitución y ha propuesto, a través de una enmienda que no ha sido aceptada, recurrir otros los artículos del decreto-ley que también ha considerado inconstitucionales, así como citar el Estatuto de Autonomía de Aragón.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha apostado por mantener las Cajas de Ahorro porque son "lo que más se parece a una banca de gestión pública" y "pueden ayudar a resolver los problemas de crédito de las familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes)", además de que "son las que menor riesgo especulativo tienen", permiten "un control democrático" y desarrollan "un papel dinamizador de la economía local".

A su entender, la reforma que se propone con el decreto-ley es "una liberalización profunda y salvaje" y "van a pagar el pato los ciudadanos, las pymes y las administraciones públicas de cada territorio".