El PP ha impedido con sus votos en la Asamblea Regional sacar adelante este miércoles su pretensión de implantar un impuesto regional a la creación de grandes superficies comerciales y de elevar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El diputado regional de IU, José Antonio Pujante, ha indicado que estas normas formaban parte de su estrategia para "aliviar la capacidad económica de la Comunidad desde la vertiente del ingreso, para que los que más tienen contribuyan más".

La norma para grabar a las grandes superficies tenía por objeto, no sólo el aumento de recaudación regional sino también "ayudar al pequeño comercio afectado por la implantación de las grandes superficies", según Pujante.

Su homólogo del PP, Víctor Manuel Martínez, ha rechazado la imposición a las grandes superficies al indicar que "ese impuesto acabaría repercutiendo en los consumidores y no sobre los promotores de los centros comerciales y sus beneficios".

Además, recordó que la norma propuesta es "un calco de la que se aplica en Cataluña, Asturias y Navarra y que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central en 2001".

De nada sirvió el apoyo inicial del PSOE a abrir un debate sobre las grandes superficies, aun con reparos en algunos aspectos, por el "gran interés" que le suscita la ordenación comercial del territorio y la posibilidad de incrementar la recaudación de la hacienda regional.

En cuanto a la elevación de la imposición a las sucesiones y donaciones, Pujante proponía una nueva tabla impositiva que establecía un tipo mínimo del 7,64 por ciento para herencias y dádivas de hasta 8.000 euros, que crecerá proporcionalmente hasta el 36,49 por ciento para las valoradas en más de 800.000.

Desde el PP, su diputado regional, Amador López, indicó que hay ya 17 millones de españoles que residen en diversas comunidades autónomas que no tienen que hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones lo cual indica que la evolución va en el sentido de la exención y no de aumentar el gravamen.

A su juicio, "lo que propone IU podría llevar a una inseguridad jurídica de los contribuyentes murcianos" y a desigualdades respecto a otras comunidades autónomas donde priman las exenciones de este impuesto.

Por su parte, la diputada regional del PSOE, Teresa Rosique, aprovechó su intervención para lanzar una crítica a la política económica del Gobierno regional. "Basta ya de usar el discurso victimismo del falso agravio por parte del Gobierno central. Lo que hay que hacer es pedir responsabilidades a quienes no han cumplido los requisitos necesarios para endeudarse", indicó.