Las Cortes de Aragón debatirán este jueves en un pleno una iniciativa del Partido Aragonés (PAR) que solicita que el Parlamento aragonés presente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero.

El portavoz del PAR, Javier Allué, ha señalado que la Comunidad aragonesa debe defender el sistema de Cajas como pilar fundamental del desarrollo de Aragón y oponerse al Real Decreto-Ley 2/2011 por su carácter discriminatorio hacia las Cajas de Ahorros.

El parlamentario ha justificado la petición del PAR en el incumplimiento los artículos 14 y 38 de la Carta Magna y el artículo 71.33ª del Estatuto de Autonomía de Aragón que establece la competencia exclusiva de Aragón en materia de Cajas de Ahorros.

Ley de aguas y ríos

El pleno de las Cortes debatirá también la Proposición de Ley de Aguas y Ríos que impulsada por el PAR, y que desarrolla los preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía en materia de aguas.

"Pretendemos que la Comunidad Autónoma pueda gestionar en clave autonómica su principal recurso natural, el agua", ha dicho Javier Allué. La proposición de ley parte de la base de que el agua es el principal recurso natural de Aragón y una necesidad para su desarrollo social y económico, por lo que su gestión debe plantearse desde una perspectiva aragonesa para reducir las diferencias de desarrollo entre las distintas comarcas de Aragón.

Uno de los principios recogidos en el Estatuto que desarrolla la ley es la reserva hídrica de 6550 hectómetros cúbicos de agua del Ebro y la prioridad en su aprovechamiento.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 72 del Estatuto que atribuye a Aragón competencias exclusivas para la gestión de los aprovechamientos hidráulicos de interés autonómico, como es la reserva hídrica del Ebro, la ley plantea la creación de la Agencia Aragonesa del Agua.

También regula el informe previo y preceptivo de la Comunidad Autónoma sobre obras hidráulicas estatales, transferencias de aguas y trasvases que afecten a Aragón, tal y como está previsto en el artículo 72.3 del Estatuto en garantía del principio de unidad de cuenca.