El Juzgado de Primera Instancia número 18 ha fijado para el 14 de abril el acto de conciliación previo a la querella por posibles calumnias e injurias promovida por el PSOE contra el presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), quien públicamente había expuesto la posibilidad de que tras las dos prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos se ocultase una trama de financiación ilegal del PSOE.

El propio Rafael Domínguez ha informado a Europa Press de que, en concreto, el Juzgado de Primera Instancia número 18 ha convocado a ambas partes a las 09,30 horas del 14 de abril en el marco de un acto de conciliación previo a la señalada querella por posibles delitos de calumnias e injurias, anunciada por los socialistas a cuenta de las declaraciones del líder sindical del mercado central de abastos en los medios de comunicación.

Rafael Domínguez ya había lamentado que la cúpula provincial del PSOE promoviese esta querella, porque las mencionadas declaraciones constituían una "opinión personal ya expuesta públicamente tanto por el PP, como algunos "columnistas" a cuenta de las dos prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla.

La prejubilación de santoyo

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 en el mercado central de abastos de Sevilla, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, figuraba entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la posible comisión de un delito societario a manos de los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en estas actuaciones y en otras dos líneas de investigación existentes en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos. En concreto, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había autorizado diversos libramientos para sufragar las prejubilaciones, cuyo coste global se eleva a 9.046.976,95 euros, la Consejería de Empleo entiende "huérfanos" de sustento jurídico los documentos firmados por Guerrero.

A tal efecto, las prestaciones implicadas en las prejubilaciones pactadas en el ERE han quedado paralizadas, toda vez que en dicho procedimiento figura, en calidad de prejubilado, un ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en el mercado central de abastos. Este hombre, Antonio Garrido Santoyo, ha dimitido de su cargo orgánico en el PSOE a la espera de que sean esclarecidas estas circunstancias, toda vez que el PP le relaciona con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, asociado a su vez a la negociación de este expediente de regulación de empleo y a la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas investigadas por la juez Mercedes Alaya.

También en el ere de 2003

Igualmente, en el ERE de 2003, autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía, figura como aspirante a la prejubilación una mujer identificada como María del Carmen Fontela González, quien como ha quedado constatado, nunca ha trabajado en el mercado central de abastos. El nombre de Fontela González figura en el 'estudio de prejubilaciones' del expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos y en el protocolo de colaboración, aunque finalmente su prejubilación no fue consumada en esta empresa, sino en el restaurante Río Grande pese a que tampoco había formado parte jamás de su plantilla.

Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla, había sopesado públicamente la posibilidad de que tras ambas prejubilaciones fraudulentas se ocultase una trama de financiación ilegal del PSOE, extremo motivó que los socialistas sevillanos hayan promovido en su contra una demanda de conciliación civil previa a la citada querella. Ante las "falsas especulaciones e injurias" que el PSOE le atribuye, Rafael Domínguez había considerado "alucinante" la maniobra del PSOE, porque antes que él, el PP y varios "columnistas" habían barajado también públicamente tal posibilidad.