Los grupos parlamentarios Regionalista y Socialista han propuesto que la demolición de las viviendas afectadas por sentencias firmes en Cantabria se realice después de determinar la responsabilidad patrimonial y de que se establezca el importe mínimo de la indemnización que, además, deberán haber cobrado los afectados.

Así consta en una enmienda transaccional consensuada por regionalistas y socialistas y presentada este miércoles en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Parlamento regional en la que se han debatido varias enmiendas al proyecto de Ley planteado por el Ejecutivo para modificar la Ley del Suelo.

En la Comisión, los grupos que apoyan al Ejecutivo han rechazado la propuesta del PP de que el Gobierno anticipe a los afectados el valor de sus viviendas sin esperar a que se resuelvan las reclamaciones patrimoniales.

Frente a ello, PRC y PSOE proponen a través de la enmienda transaccional —que en el caso de aprobarse se debatirá en el Pleno del próximo 21 de marzo— que ante actuaciones ilegales que propicien una demolición se deberá iniciar el correspondiente procedimiento de reclamación desde el momento en que se conozca la resolución judicial o administrativa que obligue al derribo.

Además, la cuantía de la indemnización se podrá establecer antes de la demolición efectiva, pero dicha indemnización quedará entonces condicionada a que el inmueble afectado pase a disposición de la administración encargada de materializar el derribo.

En cuanto al plazo para establecer tanto la responsabilidad como el importe mínimo de la indemnización será de seis meses. A partir de entonces, la administración responsable tendrá tres meses para pagar la cantidad establecida al perjudicado.

De esta forma, solo se podrá ejecutar el derribo cuando se haya determinado la responsabilidad y el afectado haya cobrado el importe mínimo de la indemnización.

Avance extraordinario

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Fernández Mañanes, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es que los afectados cobren la indemnización en el plazo de seis meses y que, mientras tanto, no se pueda realizar la demolición de sus viviendas. El fin último, ha dicho, es que justicia y derecho "vayan de la mano".

El portavoz del Grupo Regionalista, Rafael de la Sierra, ha precisado que la finalidad de la transaccional es determinar qué administración es responsable de la demolición y fijar plazos "cortos" para establecer la cuantía mínima de la indemnización y que ésta se cobre.

También persiguen establecer la "garantía" de que "hasta que no se pague", "no se derriba", lo que a su juicio supone "un paso muy importante" y "un avance extraordinario".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, María José Sáenz de Buruaga, no se ha pronunciado sobre la propuesta del PRC y PSOE, que no han tenido "la deferencia" de darles a conocer antes el contenido de la enmienda transaccional. "Tendremos que analizarla jurídicamente, que valorar sus efectos y sus consecuencias sobre los afectados", ha indicado.

El proyecto de ley llega vacío y forzado por las elecciones

En cualquier caso, la diputada del PP ha señalado que si finalmente el contenido de la transaccional sale adelante no será gracias al proyecto de Ley de regionalistas y socialistas, que "no aportaba absolutamente nada después de seis meses", sino a las enmiendas de la oposición, que "han puesto en evidencia" la "falta de voluntad, de capacidad, de sensibilidad y de soluciones" de PSOE y PRC.

A juicio de Sáenz de Buruaga, el proyecto de Ley llega "demasiado tarde" y "forzado" por la "inmediatez electoral" y, más concretamente, "por la apremiante necesidad del Gobierno y, en especial, de su presidente (Miguel Ángel Revilla) de sacudirse de encima como sea los conflictos y también los afectados por tantos años de desgobierno". Es, según ha añadido, una "ley vacía" con la que socialistas y regionalistas solo persiguen "ganar tiempo".

En relación a la propuesta de anticipos del PP para que los afectados y su patrimonio "sean puestos a salvo antes del derribo", la parlamentaria 'popular' ha lamentado que "a estas alturas" PRC y PSOE no hayan dado "ninguna razón" que indique el sistema de anticipos sea ilegal, ya que es "independiente" del procedimiento de responsabilidad patrimonial.