El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha señalado este miércoles en la inauguración del complejo eólico de El Andévalo en Huelva que imagina que el PP colaborará con la justicia en el caso de la supuesta alteración del censo electoral en Lanjarón (Granada), por el que están imputados cuatro cargos del PP, y que "no ocultará los datos".

En declaraciones a los periodistas en Puebla de Guzmán (Huelva), ha precisado que imagina que el PP "colaborará con la justicia, como está haciendo el PSOE".

Sus palabras tienen lugar después de que se haya hecho público que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva (Granada), encargada de investigar la supuesta alteración irregular del censo electoral en Lanjarón justo antes de las elecciones municipales de 2007, ha remitido las diligencias a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) por la condición de aforada de la parlamentaria andaluza del PP.

Por el asunto, que fue denunciado en su día por el PSOE, están además imputados el que fuera alcalde del municipio alpujarreño granadino, el 'popular' José Rubio, la concejal Francisca Gallardo y la secretaria general del PP en Lanjarón, Sonia Gutiérrez Quiles, a los que la juez atribuye un posible delito de falsedad electoral.

Según consta en la exposición razonada de la instructora, a la que ha tenido acceso Europa Press, existen "indicios" de que a finales de enero de 2007 el entonces alcalde y las otras tres inculpadas participaron en el empadronamiento de unas 100 personas "con el fin de incluirlas en el censo electoral para su participación en las elecciones municipales" de aquel año.

De las diligencias practicadas por la juez "resulta que muchos de estos empadronamientos no se correspondían con la realidad", ya que los empadronados no residían en la localidad y, de hecho, algunos fijaron su residencia en el propio domicilio de los imputados y, muchos de ellos, "se dieron de baja en el padrón una vez celebrados los comicios".

Por todo, y considerando que en este caso existen "indicios" de un posible delito de falsedad electoral, por el que está imputada la parlamentaria andaluza del PP —entonces concejal en la corporación municipal— la juez acuerda la remisión de las actuaciones al TSJA, que deberá resolver sobre su competencia, teniendo en cuenta que la procesada tiene condición de aforada.

Por su parte, el PP de Granada ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que resuelva "cuanto antes" el caso de esta supuesta alteración irregular, un asunto que "ya lleva cuatro años investigando".

A preguntas de los periodistas sobre este caso, en el que está imputada, entre otros, la parlamentaria andaluza del PP María del Carmen Reyes Ruiz, el portavoz del PP en la Diputación, José Antonio Robles, ha confesado que no sabe lo que va a ocurrir, ya que, en primer lugar, se desconoce "a quién votaron esas personas" que supuestamente fueron empadronadas en el pueblo para incluirlas en el censo electoral para su participación en los comicios.