La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha apelado este miércoles al "sentido de la responsabilidad" del vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, para que éste haga uso de los cauces establecidos a la hora de oponerse a la realización de prospecciones petrolíferas en la costa valenciana.

Así lo ha señalado tras reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José Vicente González, al ser preguntada por las alegaciones que ha presentado a la solicitud de permiso de investigación de hidrocarburos en 13 municipios de la Safor, la Ribera y la Costera, así como por las declaraciones en las que Cotino aseguró que sería el primero en encabezar una cadena humana si el Ejecutivo central autoriza prospecciones petrolíferas.

Al respecto, Botella ha remarcado que el "ejercicio de responsabilidad" exigible a los responsables públicos implica que "si alguien no está de acuerdo porque considera que territorialmente le afecta esa decisión, hay unos cauces para hacerlo".

Ha criticado, en este sentido, que se haya optado por "sacarlo de contexto y hablar de elaborar plataformas y cadenas humanas".

La delegada del Gobierno ha apelado al "sentido de la responsabilidad" de Cotino y le ha animado a encauzar ese liderazgo "a unas cuestiones que verdaderamente sus administrados y sus ciudadanos seguro que están necesitando más que para hacer valer unos derechos" para cuya defensa puede recurrir a "otros cauces en el Congreso, constitucionales o de cualquier otro orden administrativo".

Botella ha hecho hincapié en que "hay que transmitir a la opinión pública una cuestión de responsabilidad", puesto que "estar en el gobierno de las diferentes administraciones lo primero que da es una gran carga de responsabilidad y de gestionar adecuadamente y en la dimensión correspondiente las cuestiones".

"desviar la atención y confundir a los ciudadanos"

También ha recalcado que se está "hablando de permisos de concesiones para estudios y prospecciones, no para plataformas petrolíferas", a pesar de que "representantes de los gobiernos tanto autonómico como local han hecho mención a las plataformas" como "una forma de desviar la atención y de confundir a los ciudadanos".

"Estamos hablando de unos permisos que se han concedido en día y hora, en unas fechas determinadas, en el marco de una ley que se aprobó en 1998, cuando el partido de algunos dirigentes públicos de esta comunidad formaba parte del Gobierno", ha sentenciado.