El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha desestimado los recursos promovidos por la compañía minera 'Cobre las Cruces', que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, contra la iniciativa de la juez Ana Escribano de ampliar las diligencias incoadas contra la empresa con tres expedientes sancionadores impulsados en su contra por la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del Agua. A la directiva de la empresa, en concreto, se le atribuyen presuntos delitos contra el medio ambiente y de daños continuados después de ser descubiertas en 2008 unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, además de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección y episodios de contaminación.

Las diligencias, como se recordará, parten de la querella formulada contra cuatro de los directivos de 'Cobre las Cruces', —filial de la multinacional cadaniense 'Inmet Mining'—, por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, que les atribuye a cuenta de los citados hechos posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente. Los imputados, en concreto, son el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

La querella

Esta querella, que se remonta a 2008 y recogida por Europa Press, partía de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra 'Cobre las Cruces' por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera entonces la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua (SDR).

El Ministerio Público, en su querella, consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

últimas incidencias en la mina

Ya en 2010, la Agencia Andaluza del Agua incoaba un nuevo expediente sancionador contra 'Cobre las Cruces' por la detracción de aproximadamente 800.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas al margen de los términos de su nuevo 'Plan Global de Gestión de Aguas', autorizado precisamente por el Gobierno andaluz para restituir la concesión relativa a la explotación el acuífero tras la suspensión dictada a cuenta de los supuestos incumplimientos ya descritos.

En octubre de 2010, además, esta mina era objeto de un nuevo expediente sancionador a cuenta de un vertido detectado en el arroyo Garnacha como consecuencia de la rotura de una tubería del complejo, toda vez que en febrero del año en curso, la Agencia Andaluza del Agua promovía otro expediente sancionador más a causa de la superación de los niveles de concentración de arsénico en el agua que el complejo inyecta al acuífero en el sector cinco del sistema de drenaje y reinyección, precisamente el mismo en el que fueron descubiertas en 2008 las primeras anomalías.

El 31 de enero y el 11 de febrero de 2011, a tal efecto, el Juzgado de Instrucción número 19 había acordado mediante sendos autos la "ampliación de las actuaciones" con la incorporación a la causa de los citados tres nuevos expedientes sancionadores, que de hecho quedaban paralizados a la espera del progreso de las diligencias. 'Cobre las Cruces', no obstante, había recurrido sendos autos, si bien mediante un auto emitido el 4 marzo de 2011, la juez Ana Escribano desestima ambos recursos de reforma teniendo por "evidente" la "conexión objetiva" entre los hechos investigados y los nuevos expedientes sancionadores. "El hecho de que los hechos estén distanciados temporalmente no implica que no puedan investigarse en un solo procedimiento", ha resuelto la juez para confirmar la ampliación de las diligencias ya acordadas.