Asturias y Aragón también recurrirán la reglamentación europea sobre las ayudas al carbón

Aragón y Asturias recurrirán la Decisión del Consejo de Europa 2010/787/UE 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivo, al entender que establece planteamientos no coherentes con las políticas sobre el sector energético y la minería del carbón que ha venido desarrollando la Unión Europea. Estas dos comunidades suscribirán con Castilla y León en los próximos días un protocolo para recurrir la mencionada decisión, según ha informado el Ejecutivo aragonés. El Gobierno asturiano tratará este asunto este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno.

Aragón y Asturias recurrirán la Decisión del Consejo de Europa 2010/787/UE 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivo, al entender que establece planteamientos no coherentes con las políticas sobre el sector energético y la minería del carbón que ha venido desarrollando la Unión Europea. Estas dos comunidades suscribirán con Castilla y León en los próximos días un protocolo para recurrir la mencionada decisión, según ha informado el Ejecutivo aragonés. El Gobierno asturiano tratará este asunto este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno.

La Decisión del Consejo determina en su artículo 3 que la posibilidad de que las explotaciones de carbón puedan percibir ayudas públicas para cubrir las pérdidas de la producción corriente queda condicionada al cierre definitivo de las mismas, de acuerdo con un plan de cierre que culminará el 31 de diciembre de 2018 al que deberán acogerse las explotaciones de forma previa a la percepción de las ayudas.

Esta circunstancia afecta de forma negativa a los intereses de las industrias extractivas del carbón implantadas en Aragón, así como al futuro de sus instalaciones y proyectos. El Gobierno de Aragón entiende que debería permitirse la percepción de ayudas no vinculadas a un plan de cierre, sino a un plan de competitividad en un horizonte temporal determinado.

Además, la citada Decisión indica que las ayudas en ella reguladas van encaminadas a las minas no competitivas, resultando incoherente determinar qué centros productivos que hayan recibido ayudas durante un tiempo serán o no competitivos a 31 de diciembre de 2018. Con ello, las explotaciones pueden estar obligadas al cierre por una decisión tomada años atrás, teniendo en cuenta además que el mercado eléctrico es complejo, cambiante y está sometido a circunstancias que actualmente pueden pasar desapercibidas.

Por todo lo anterior se considera imprescindible la interposición de un recurso de anulación en nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la Decisión. El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, suscribirá en los próximos días un protocolo con las restantes comunidades autónomas (Asturias y Castilla y León) que han manifestado su interés por recurrir la Decisión, con vistas a interponer una demanda conjunta.

En opinión del consejero de Industria Arturo Aliaga "es perjudicial para el carbón aragonés que las empresas que pidan ayudas lo tengan que hacer pensando únicamente en su cierre, y no en el futuro que pueda presentarse para las explotaciones y para un recurso que tal y como están las cosas en el contexto internacional está llamado a ser importante e incluso a ofrecer horizontes de competitividad donde ahora no los hay".

Aliaga ha añadido que "si la única posibilidad es el cierre, no hay que pensar mucho para entender que será difícil encontrar empresarios que quieran invertir en unas minas que tienen los días contados, como esta reglamentación europea contempla, lo que tampoco juega a nuestro favor".

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