La jueza declara en concurso a Conservas y Frutas S.A. tras acreditar su estado de insolvencia

La jueza del juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha declarado en concurso a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa) una vez "que ha sido acreditado su estado de insolvencia actual", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado.

La jueza del juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha declarado en concurso a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa) una vez "que ha sido acreditado su estado de insolvencia actual", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado.

El concurso tiene el carácter de voluntario, al haber sido instado por el propio deudor, que, según la resolución, "no ha solicitado la liquidación de su patrimonio".

Igualmente, en el auto de 4 de marzo de 2011, la juez acuerda que las facultades de administración y disposición del patrimonio de la empresa sean intervenidas por la administración concursal y sometidas a "su autorización o conformidad".

A tal efecto, se ha designado como administradores concursales a un abogado, un economista y uno de los acreedores.

Cofrusa adquirió en 2009 a través de la mercantil Mediterra a las empresas Halcón Foods y Conservas Fernández (La Diosa), para lo que recibió un aval de 28,5 millones de euros de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Fomento (INFO). Sin embargo, los problemas persistieron y la empresa volvió a solicitar un segundo aval de 22 millones de euros.

En diciembre de 2010, el INFO negó este segundo aval, y exigió a la empresa que cumpliera "con todos los compromisos que adquirió para dar viabilidad al proyecto empresarial".

Paralelamente, los trabajadores de la empresa convocaron reiteradas concentraciones a las puertas del INFO y de San Esteban -sede del Gobierno regional- para reclamar la viabilidad de la compañía. Asimismo, tuvieron lugar sucesivas reuniones y estudios de seguimiento a la empresa por parte del Gobierno regional, organizaciones sindicales y los alcaldes de los municipios afectados -Albuideite, Calasparra, Campos del Río y Mula-.

Finalmente, la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Murcia, lo que desembocó el 29 de diciembre de 2010 en la convocatoria de una huelga general en los municipios en los que se encontraba implantada la empresa.

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