Los consejeros de Ciencia, Tecnología y Universidad, Javier Velasco; Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, y Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, han suscrito un convenio con el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, y la con la directora de la Fundación Picarral, Teresa Soro, para llevar a cabo acciones encaminadas a identificar la "inteligencia límite" y para valorar las necesidades sociales y educativas de las personas que tienen un coeficiente intelectual comprendido entre 70 y 85.

Tal y como ha indicado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, se trata de un convenio "para que entre todos ayudemos a estas personas a que puedan integrarse tanto en el mundo laboral, educativo y social" y de este modo, ha añadido Broto, "tengan la posibilidad de desarrollarse personalmente".

Este convenio, que se ha firmado en la capital aragonesa, en el Edificio Pignatelli, tiene como finalidad apoyar el estudio que, a propuesta de la Fundación Picarral y con el apoyo del Real Patronato de la Discapacidad, está elaborando un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza.

Las personas con inteligencia límite presentan dificultades en el ámbito educativo, social y laboral que hacen necesarios apoyos intermitentes a lo largo de su vida. Sin embargo, al no cumplir los criterios imprescindibles para ser identificadas como personas con discapacidad intelectual o retraso mental, no reciben ningún diagnóstico específico.

La inteligencia límite únicamente hace referencia a una característica de la inteligencia. Ello lleva consigo que la mayor parte no tenga el reconocimiento legal de personas con discapacidad, lo que puede plantear dificultades a la hora de planificar los apoyos que muchos de ellos necesitan y se corre el riesgo de que sus necesidades especiales queden en el olvido. Los problemas que afrontan las personas con limitaciones intelectuales y adaptativas que no reciben el diagnóstico de discapacidad intelectual se agravan y se cronifican.

Como consecuencia de lo anterior, estas personas son vulnerables a la denegación de apoyos esenciales y a la exclusión de ser elegidos para protecciones importantes.

El Gobierno de Aragón considera esencial impulsar acciones que ayuden a medir el problema y valorar la respuesta educativa y social que estas personas necesitan para conseguir su independencia, interdependencia, productividad, integración en la comunidad, así como su máxima calidad de vida, teniendo en cuenta que son un grupo muy heterogéneo de personas.

El Gobierno de Aragón ha venido apoyando las actuaciones y programas de la Fundación Picarral. En concreto, desde el año 2007, a través del departamento de Servicios Sociales y Familia se han destinado 550.000 euros al mantenimiento de los programas de infancia y adolescencia TOPI, SERPI, y la atención a los menores en talleres.

Además, esta legislatura, se han dedicado más de 657.000 euros para el concierto de ocho plazas tuteladas para menores con inteligencia límite. Este proyecto de integración sociolaboral para menores ha logrado aunar la proximidad a la realidad social del barrio con la profesionalización y calidad de los programas que desarrolla.