Necesitan toda la ayuda del mundo, pero cuentan con mucha menos. Son los 85.286 dependientes de la región reconocidos como tales por la Comunidad y de los que, según denuncia UGT, solo 58.001 recibían algún tipo de prestación a 1 de marzo de 2011. Es decir, un tercio de ellos (27.285) no han visto ni un euro de las ayudas comprometidas por la Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007.

Y los datos son incluso más desalentadores si se comparan con el número total de dictámenes realizados por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales: 119.931. En otras palabras, el 48,3% de quienes han sido dictaminados reciben regularmente alguna de las prestaciones solicitadas, bien en forma de dinero o de otros recursos.

"Ha habido un cambio de estrategia en la forma de atender las solicitudes. Ahora se agilizan los trámites, pero se paran una vez reconocida la prestación y la persona entra en el limbo de la dependencia. Desde ese momento pasan entre 12 y 18 meses de media en la región para que la familia reciba la ayuda solicitada", denuncia el sindicato. "En muchos casos, incluso, terminan falleciendo", aseguran.

Algo que confirman también desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Madrid. "La ley no es mala, pero le faltan recursos y todavía es peor desde la crisis". Además, según explican las familias cuidadoras, "el 80% de la dependencia en mayores es por casos de demencias y estas crecen vinculadas a la edad. Cuando recibes la ayuda muchas veces ya no es la que necesitas porque el enfermo ha empeorado", aseguran.

Entre quienes sí reciben la prestación –el 70% de ellos, según matiza la Consejería de Asuntos Sociales–, el 31% optan por una plaza residencial; otro 19%, por ayuda a domicilio; y un 15%, por centros de día, entre otros recursos como por ejemplo ayudas para cuidados familiares o servicios de teleasistencia. Incluso hay quienes pueden acumular varias prestaciones.

Desde la Comunidad aseguran que no es cierto que la concesión de las ayudas se dilate entre 12 y 18 meses y que los recursos, una vez aprobados, "se asignan con la mayor brevedad posible" y la valoración se realiza con unos plazos que oscilan entre los tres y los seis meses. Además, fuentes de la Consejería de Familia explicaron ayer a 20 minutos que el tercio que no percibe los recursos es porque "se están tramitando y dentro del plazo". Además, aseguran que la región está por encima de la media nacional, que es del 65,8%.

De los 85.286 dependientes reconocidos en la región, más de la mitad (50,8%) tienen un grado máximo de dependencia, lo que se conoce como grandes dependientes, que necesitan la ayuda constante para poder cubrir necesidades básicas como comer, vestirse o desplazarse. Del resto, algo más del 36% tienen reconocido un grado II de dependencia y el 12% restante son dependientes leves. Madrid es, junto a Andalucía y Cataluña, donde más ayudas se solicitan.

La familia de Julia solicitó la ayuda a la dependencia a finales de 2007 y su petición llegó al registro de la Consejería de Asuntos Sociales en marzo de 2008. "Han pasado tres años y no hemos recibido nada", explica Félix, su yerno, que recibió la carta el 5 de enero de 2011.

Julia, debido a su ceguera y al alzhéimer, ya acudía a un centro de día, pero gracias a la ley y debido a su estado podía obtener más ayuda, por lo que la familia la solicitó. En octubre de 2009 les llaman para hacerles el PIA (Plan Individualizado de Atención) y ahí solicitan el centro de día al que acude la anciana y la Comunidad les reconoce 25 horas de asistencia domiciliaria al mes. Pero la confirmación del PIA no llega y la anciana empeora.

"En el centro nos dicen que insulta al resto de abuelos y que lo que necesita es una residencia", explica. Entonces la familia inicia los trámites para solicitar la residencia, que les va a ser denegada. El problema es que tampoco reciben las 25 horas de ayuda en casa porque el Ayuntamiento de Leganés, donde vive, les pedía la carta del PIA que acaban de recibir.