Siete agricultores se enfrentan a posibles multas por alteración del orden público tras los hechos ocurridos el pasado verano, cuando trataron de impedir el trabajo de las máquinas en el macropolígono 'Área Canal de Castilla', en la provincia de Valladolid, en protesta por el impago de los terrenos que les fueron expropiados.

A pesar de que inicialmente los agricultores estaban acusados de coacciones y la paralización de las obras que se llevaban a cabo en estos terrenos, ubicados en los términos municipales de Cabezón, Corcos y Cigales, la UTE formada por Zarzuela y Collosa no se presentó en el juicio, por lo que se retiraron estas acusaciones.

Así, los siete acusados se enfrentarán a multas que podrían ascender a entre 80 y 120 euros por desorden público, informaron a Europa Press fuente de la organización agraria Asaja.

Los hechos que se juzgaban ocurrieron en verano de 2010, cuando los agricultores que se estaban manifestando en las tierras del polígono impidieron la entrada de las maquinas de Zarzuela y Collosa que tenían la orden de empezar a trabajar en las mismas tierras que todavía no han sido pagadas.

La portavoz de la Asociación de Afectados por la construcción de este macropolígono, Ana Calzada, considera un "agravio" la situación vivida hoy, que gente dedicada al campo haya tenido que "enfrentarse a juez", lo que les ha provocado muchos días de "zozobra" y nervios porque no están acostumbrados a pasar por esa situación.

Además, criticó que la Junta de Castilla y León niegue que los agricultores tengan razón cuando no han sido ellos los que han ido a ofrecer los terrenos, que les han sido expropiados.

En este sentido, Calzada explicó que los agricultores que hoy se han sentado en el banquillo lo han hecho "por seguir las instrucciones de Villanueva y su Consejería".

Problemas entre vecinos

También criticó que la Administración se haga la víctima porque "no han sabido llevar" una situación en la que se han generado una serie de problemas en el modo de vida de los afectados de estos pueblos, donde unos han cobrado y otros no.

Así, pidió que si no se puede pagar el dinero que se debe a los agricultores se les devuelvan sus tierras y añadió que no permitirán que se haga un polígono público a costa de la gente. Además, añadió que hay personas que siguen labrando y "cada dos por tres" pasa la Guardia Civil, por lo que se celebrarán más juicios en el futuro.

Calzada afirmó que tendrán que tomar "una determinación" para intentar llegar a una solución porque llevan seis años con esta cuestión y adelantó que lo que decidan "no tendrá vuelta atrás".

La portavoz de los afectados aseguró que la Administración tiene "una prepotencia alucinante" y recordó que pidieron una reunión con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien les dijo que no tenía "un minuto" para recibirles "durante seis años".

Por su parte, el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez comentó que esta vez, como las dos anteriores ocasiones, les ha "salido el tiro por la culata" ya que los agricultores no serán condenados. "Tanto el día de los hechos como hoy, defendimos lo mismo, el compromiso escrito de de la Junta de Castilla y León de que no entraría ninguna máquina en las tierras hasta que no se pagase hasta el último euro a los agricultores".

A día de hoy, tras seis años de litigios, faltan de pagar unos 11 millones de euros, lo que equivale al 60 por ciento de los agricultores.