El sector gallego del arrastre se concentrará el miércoles en A Coruña si el Gobierno central no rectifica su decisión de cerrar la pesquería de la caballa en el caladero del Cantábrico Noroeste, medida que se hizo efectiva el sábado día 5 para este segmento de la flota y que se basa, a su juicio, en "el error" del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) de que la cuota asignada por la Unión Europea (UE) para el primer semestre ya se consumió.

Los armadores ya han recibido la autorización de la Delegación del Gobierno para proceder a dicha movilización, puesto que este mismo lunes presentaron una solicitud por el trámite de urgencia —que permite conceder el permiso en menos de 24 horas—.

Mantendrán esta opción "en suspenso" hasta el próximo miércoles y con la intención de "desconvocarla", subraya el presidente de PescaGalciia-O Barco, Torcuato Teixeira, en declaraciones a Europa Press, puesto que lo que quieren es "trabajar y no manifestarse". "Pero si no queda otra, habrá que salir a la calle", advierte.

El mismo día en que entró en vigor el cierre, el pasado sábado, los arrastreros celebraron una asamblea extraordinaria en la lonja de la ciudad herculina para estudiar las medidas a tomar y el presidente de PescaGalicia-O Barco, Torcuato Teixeira, puso un límite "de 24 ó 48 horas" al departamento que dirige Rosa Aguilar para dar marcha atrás, ultimátum que expira este martes.

Según las cifras que maneja tanto el sector como las comunidades autónomas —afecta también a la flota de Asturias, Cantabria y País Vasco—, a fecha del pasado miércoles —cuando la Secretaría General del Mar dictaminó el cierre— se había consumido entorno a un 42 por ciento de la cuota desde el inicio de la campaña, el pasado 15 de febrero. La UE asigna a España 6.000 toneladas para los seis primeros meses de este año y los pescadores aseguran que, a fecha del día 2, no se habían capturado más de 2.500 toneladas.

Remisión de los datos por correo electrónico

En una reunión en la se convocó al sector el pasado viernes, la secretaría general que dirige la gallega Alicia Villauriz volvió a solicitar los datos de pesca de caballa a la flota afectada. Tal y como defiende Teixeira, "siempre los tuvieron", pero, como el departamento "desconfía", accedieron a la petición, subraya.

"Se los estamos remitiendo a lo largo del día de hoy", indica y destaca que, aunque todavía "no están cerrados", a fecha del viernes —esto es, transcurridos dos días más de faena en el Cantábrico Noroeste—, las cifras "no llegarán al 50 por ciento", lo que supondrá unas 3.000 toneladas de caballa.

Asimismo, el responsable de PescaGalicia-O Barco resalta que el envío se está adaptando a las condiciones que requirió el ministerio, "de acuerdo con un formato que recoge buque por buque y contabiliza los días y las declaraciones de desembarco", entre otras cuestiones. La información se hará llegar "vía correo electrónico" y los armadores esperan "tener mañana —por este martes— noticia".

Esperan "tener noticia" este martes

De no ser así, el sector del arrastre de Galicia elaborará un calendario de movilizaciones cuya primera cita ya tienen "perfilada". Será en la capital herculina, el miércoles, y en ella llamarán a participar "a todos los partidos". "Para que nos echen una mano, porque esto es una cuestión política y no sabemos a qué responde", apostilla Teixeira.

Al respecto, apunta que los armadores gallegos ya cuentan con el apoyo de "todo el sector" del litoral cántabro, que, con todo, "no tiene práctica" en manifestarse. "En lo que tienen práctica es en pescar", confronta y reitera su aspiración: "Esperemos que el Gobierno rectifique y nos dé la razón, porque hay un error".

Sobre la resolución de la Secretaría General del Mar pesa ya un recurso de alzada y, a mayores, la flota estudia presentar sendos recursos de responsabilidad patrimonial ante la Audiencia Nacional —por los perjuicios económicos, que estiman en más de 3 millones de euros— y por prevaricación —al tomar una decisión "injusta a sabiendas"—, querella que se interpondría ante el correspondiente juzgado de lo penal.