Los grupos parlamentarios de la oposición —PSdeG y BNG— llevan al próximo pleno dos proposiciones legislativas para reclamar, por un lado, que se aumenten los fondos incondicionados frente a los condicionados que se otorgan a los municipios y, por otro, para demandar que se restituya la onomástica en gallego en todos los ámbitos.

Serán los dos últimos textos legislativos que se sometan a consideración del sus señorías antes del Debate del Estado de la Autonomía, que se celebrará la semana del 14 de marzo, y en un pleno en el que comparecerán la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y de Sanidade, Pilar Farjas, ésta después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la aplicación del catálogo de fármacos tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley que lo regula.

En este contexto, el Grupo Parlamentario del PSdeG lleva al próximo pleno una iniciativa legislativa en la que propone constituir un fondo de participación local de Galicia y que las partidas incondicionadas destinadas a los ayuntamientos se incrementen, paulatinamente, un 40 por ciento en 2014 frente a lo que perciben en este momento.

Con esta medida, las transferencias incondicionadas a los ayuntamientos en los presupuestos para este 2011 pasarían de 114 a 135 millones de euros, según las explicaciones de la impulsora de la iniciativa, la socialistas Mar Barcón. Además, sin que las cuentas de la Xunta tengan que experimentar una subida, con este mismo método los municipios contarían con 180 millones de fondos incondicionados en 2014, mientras que serían 160 millones 175 millones en 2012 y 2013, respectivamente.

A través de esta iniciativa legislativa, se constituye el que se denominará Fondo de Participación Local de Galicia (FPLG), como aportación de la Xunta a la financiación de las entidades municipales, de carácter incondicionado y con un porcentaje sobre la suma de los capítulos I, II y III de los ingresos de los presupuestos de la Xunta.

El Fondo de Participación Local de Galicia incluiría los cuatro fondos actuales, es decir, los de cooperación local —principal, adicional y complementario— y el fondo extraordinario. Este nuevo modelo estaría estructurado en dos ramas, el primero con una cuantía del 67 por ciento y el segundo del 33 por ciento, para conformar el fondo principal y complementario, respectivamente.

Además, con la ley, la Comunidad gallega deberá transferir los fondos a las entidades beneficiarias en el primer mes de cada trimestre natural. Otra de las características de la normativa es el establecimiento de una "cláusula de garantía", por la que, para cada ejercicio económico posterior a 2014, el importe a percibir por los ayuntamientos deberá mantenerse en ese 3,533 por ciento que pretende alcanzar la normativa ese año.

Por otro lado, la normativa promueve la creación de una comisión de seguimiento financiero del fondo, con independencia de otras comisiones de colaboración o seguimiento que puedan existir, paritaria entre los representantes de la administración autonómica y de la Fegamp y presidida por la persona titular de la consellería con competencias en materia financiera. ONOMÁSTICA

Por su parte, en la exposición de motivos de la ley que propone el diputado del BNG Bieito Lobeira, y que consta de tres artículos y varias disposiciones adicionales, los nacionalistas culpan a la Iglesia católica y al funcionariado como "responsables directos de la imposición deturpada y españolizadora" de una gran parte de los apellidos, con un "resultado hoy a la vista".

Asimismo, recuerda que el Estado español ha aprobado una legislación que reconoce oficialmente la toponimia y antroponimia gallega, sin que la legislación gallega haya incorporado estas disposiciones, como es el caso del cambio de denominación de las provincias de A Coruña y Ourense, en virtud de una ley del año 1998.

El primero de los artículos de la ley regula que la Xunta "cumplirá y hará cumplir" el mandato legal respecto al uso y difusión oral de todos los topónimos, hidrónimos y cualquier accidente geográfico, en su forma correcta, la única oficial y legal, es decir, la que se corresponde con la ortofonía y ortografía gallegas.

Además, garantizará que en todas las administraciones gallegas se usen estas formas en todas las funciones, así como que en las estaciones de autobuses, empresas de transportes de viajeros y medios de comunicación sea la fórmula oficial la que aparezca. También la Administración de Justicia operante en Galicia "responderá al mandato de la presente ley", recoge el texto.

Asimismo, esta normativa pretende que todos los ciudadanos tengan derecho por ley al pleno reconocimiento legal y uso a todos los efectos de la forma normativamente correcta en gallego de sus nombres y apellidos, mientras que los interesados podrán obtener oficialmente la constancia de la forma normativa correcta en gallego de sus nombres y apellidos en el Registro Civil.

En este apartado, la propuesta ley apunta que la Xunta "establecerá reglamentariamente el procedimiento documental que acredite la corrección lingüística en el proceso" y que realizará campañas periódicas de información y sensibilización.

Finalmente, la iniciativa impulsada por el Bloque establece que los indicadores de señalización y rotulación de los viales de circulación en Galicia deben estar, por lo menos, en lengua gallega. Esta misma condición la adjudica a las señalizaciones de carreteras y autopistas, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas, puertos de interés general, aeropuertos abiertos al tránsito comercial u otras instalaciones de este tipo.

A mayores, apunta la posibilidad de cerrar convenios con las comunidades de Asturias, Castilla y León y Extremadura para que los habitantes de zonas de habla gallega puedan ver extendidos y reconocidos estos mismos derechos.

PACTO

Por otro lado, el parlamentario nacionalista lamentó que la oferta de pacto lingüístico del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene ninguna credibilidad", puesto que es el mismo gobierno que interpreta que "el Consello Consultivo avala el decreto del gallego". "Mienten más que hablan", censuró.

Así las cosas, consideró que el PP tendrá una "oportunidad" de demostrar "si tiene voluntad" de alcanzar algún acuerdo con la oposición en esta materia, puesto que se debatirá una "moción del BNG que pide partir de cero", a antes del 1 de marzo y de las medidas que adoptó la Xunta en este tiempo y que el Bloque considera "en contra" de la lengua propia.

Otros puntos del pleno

Al margen de los textos legislativos, coincidiendo con la cercanía del Día de la Mujer, los nacionalistas introducen una interpelación sobre las realización de políticas de igualdad y el impacto de la crisis económica en la mujer. En este ámbito social, por su parte, el PSdeG interpelará por la acción del Gobierno gallego sobre su actuación en dependencia.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá responder en la sesión de control al Gobierno, que se celebrará el jueves al correr un día la celebración del pleno, sobre su actuación ante la crisis económica que existe en Galicia y acerca de los "recortes de derechos de los ciudadanos y a sus prestaciones" en los dos últimos años.