Los armadores gallegos de la flota de arrastre estudian emprender acciones legales contra el Gobierno central por el cierre de la pesquería de la caballa en el caladero del Cantábrico Noroeste, decretado este mismo miércoles en plena campaña de esta especie —comenzó el 15 de febrero—, puesto que consideran que la medida constituye "una ilegalidad manifiesta y una injusticia".

La Secretaría General del Mar (SGM), que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y dirige la gallega Alicia Villauriz, adoptó esta decisión "a la vista de los datos de consumo de la cuota de la caballa en el primer semestre", y la hizo efectiva a partir del jueves, 3 de marzo, para la flota de cerco, mientras que afectará al arrastre desde este sábado, 5 de marzo.

Por contra, el sector asegura que a penas se utilizó el 42 por ciento del tope para esta pesquería en los primeros seis meses del año, que la Unión Europea fija en 6.000 toneladas, ya que "no se llegaron a las 2.500 toneladas".

Así lo afirma, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Pescagalicia-Obarco, Torcuato Teixeira, uno de los impulsores de la asamblea convocada por el conjunto de los armadores gallegos para este mismo sábado, a la que asistirán representantes del sector del arrastre en Asturias, Cantabria y País Vasco.

La reunión se celebrará en el salón de actos de la lonja de A Coruña, a las 11.00 horas. A las 12.30 horas está prevista una rueda de prensa en la que anunciarán las medidas a tomar acordadas por los afectados de la decisión ministerial.

Responsabilidad patrimonial y supuesta prevaricación

Entre ellas, Teixeira plantea reclamar al MARM responsabilidad patrimonial, recurso que se interpondría ante la Audiencia Nacional, puesto que "los daños económicos para el sector son enormes", resultado de "un despropósito desde el punto de vista económico y judicial" que, de no dar marcha atrás, "pasará a la historia como una de las tropelías más grandes cometidas por la Administración española contra el sector".

El presidente de Pescagalicia-Obarco no descarta, asimismo, una denuncia por prevaricación, que se interpondría en el juzgado de lo penal correspondiente, puesto que ve "motivo de hablar de delito" por parte de la Secretaría General del Mar, que "no tiene datos" y decretó el cierre en base a "lo que cree". "En derecho, no puedes actuar así", advierte, para apuntar la "necesidad" de aportar justificación documental y "argumentos fehacientes". Se trata de una actuación "a propósito injusta", incide.

Al respecto, Torcuato Teixeira llama la atención sobre el hecho de que "toda la información" que posee el ministerio es la que le trasladan las comunidades autónomas y el sector, a partir de los datos de venta y hojas de desembarco de pescado en los puertos. Por contra, están actuando "porque tienen dudas" y, critica, "dicen que si hay pescado, ya se capturará en el segundo trimestre".

Tras exigir este mismo jueves a la secretaría "revocar o suspender" la resolución del miércoles y comprobar, en la jornada del viernes, que "mantiene su posición", el sector del arrastre que faena en aguas del Cantábrico Noroeste avisa a Villauriz que "no sabe en qué lío se mete", puesto que no les quedará otra que "querellarse" contra su departamento.

Apoyo de la consellería do mar

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, por su parte, "dice lo mismo", constata Teixeira. Sin ir más lejos, la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, ha reclamado en un acto este viernes en la lonja herculina que el ministerio abra el caladero, puesto que no se consumió el cupo, y ha calificado de "absurdo", ya que el recurso está "bien".

Por su parte, la SGM ha mantenido un encuentro con una delegación de inspectores de la Comisión Europea (CE) con el objetivo de estudiar el control y seguimiento de las capturas de la pesquería de caballa por parte de las administraciones central y autonómicas. "Está cometiendo una auténtica barbaridad", reprocha Torcuato Teixeira y advierte: "A lo mejor, el lunes, se lleva una sorpresa".