El Gobierno murciano ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, que rebaja las primas a los productores de energía fotovoltaica, al considerar que puede generar "inseguridad jurídica", basándose, igualmente, en "la discriminación y arbitrariedad de esta norma promulgada por el Gobierno central, así como en la vulneración de los artículos 9.3, 14, 86, 138 y 139 de la Constitución Española".

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, tras ser adoptado en el Consejo de Gobierno. Al hilo, ha precisado que este Real Decreto "afecta en la Región a más de 20.000 agricultores del sector que, de la noche a la mañana, se encuentran con que el Gobierno de la nación no va a pagar".

Otra de las consecuencias es que "se pueden dejar de ingresar en la Comunidad 83 millones de euros", por lo que se plantea un problema para los pequeños inversores, "que van a tener que emplear recursos suyos para pagar a la banca al cambiar el Ejecutivo central las reglas del juego".

"Los ha dejado tirados y se ha quebrado toda la confianza", ha denunciado públicamente el consejero, para después dejar claro que "hay otra forma de hacer gobierno, de tomar decisiones". De ahí, el ofrecimiento de Murcia a la Comunidad Valenciana, que "ha decidido también estudiarlo", ha precisado Marín, siendo también comunicado a Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y otras CCAA

De esta forma, una vez que el Consejo de Gobierno ha aceptado la presentación de dicho recurso, pasará posteriormente a la dirección de los servicios jurídicos para que "a principios de la próxima semana" pueda ser interpuesto, ha precisado también la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte.

Y es que, ha subrayado Marín, en la citada norma el Gobierno español "incidió de forma especial en la aplicación de medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal existente desde 2008".

Entre los cambios más destacados se encuentran "la limitación de las horas de producción, sin tener en cuenta la zona climática de la instalación, lo que perjudica especialmente a comunidades como la Región, con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar". Asimismo, se impone un peaje para cualquier productor.

Así, el recurso del Gobierno regional plantea que "las reglas de juego jurídico que regula la actividad de la producción eléctrica fotovoltaica no se pueden modificar una vez fijado un escenario para el sector y después de que pequeños, medianos y grandes inversores hayan realizado sus instalaciones".

También hay que tener en cuenta, ha destacado, que "esta modificación quebranta los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que proclama el ordenamiento jurídico".

El objetivo, por tanto, es "garantizar la seguridad jurídica a esos 20.000 agricultores murcianos y dar la sensación de credibilidad" en el exterior.