Sortu ha denunciado este jueves que se pretende utilizar su "silencio" ante las últimas detenciones de presuntos etarras como "elemento probatorio para una hipotética ilegalización" y ha asegurado que su actitud no es "esquiva", sino que no hará pronunciamientos hasta que sea un partido legal.

La nueva organización impulsada por la izquierda abertzale ha difundido en un comunicado en el que dice que la petición de la Abogacía del Estado de que no se inscriba a Sortu en el Registro de Partidos se basa en "una decisión política"

Cree que, con esta postura, la Abogacía del Estado "niega los derechos democráticos elementales que asisten a los ciudadanos de cualquier Estado de Derecho", y además "viene acompañada" de las detenciones de cuatro supuestos miembros de ETA.

"Resulta cuando menos curioso que quienes han apelado a nuestra ilegalización, quienes nos quieren castigar al silencio político, son los que nos exigen pronunciamientos públicos ante estos hechos y pretendan utilizar nuestro 'silencio' como elemento probatorio para una hipotética ilegalización, presionando al ámbito judicial", destaca.

Sortu aclara que, desde el momento de su presentación, decidió "mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios y de hechos de naturaleza diversa, hasta disponer de un estatus de legalidad que permita una actuación y posición políticas acordes con los principios y compromisos" de los que se han dotado.

A quienes les reclaman "una posición coherente" con sus pronunciamientos, les dicen que cuando Sortu sea un partido legal "asumirá sin ningún género de dudas la responsabilidad para gestionar de manera firme y coherente todos los principios y compromisos establecidos" en su formación.

"No parece de recibo que se le exija a una organización que no existe legalmente como tal, posicionamientos ante hechos de ésa u otra naturaleza política. Esta no es una actitud esquiva, sino lógica en el proceso jurídico en que estamos inmersos", afirman.

Sortu reitera que, como señalan sus estatutos, "rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA", y muestra su compromiso "en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como en la superación de las consecuencias de toda violencia".

"Entre éstas 'también' se encuentran los actos de violencia callejera, los malos tratos y la tortura. Por tanto, en absoluto es 'retórico e instrumental' el rechazo expresado, sino nítido, firme y real", subraya.

Añade que está recibiendo "un gran apoyo y estímulo desde muchos estamentos sociales e incluso políticos" y que, según "los datos sociológicos disponibles", su legalización "es deseada y solicitada por la gran mayoría de la sociedad vasca e incluso por amplios sectores de la sociedad española".