El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha defendido este jueves la legalidad tanto de las plazas de la institución como de las bases de la convocatoria de oferta de empleo público realizada por la organización para cubrir 273 plazas de bombero, operadores y personal de administración, después de que el PP señalase presuntas irregularidades en las mismas.

Según ha recordado el gerente del CPB Málaga, José Luis Cámara, el número de plazas fijado en los estatutos aprobados en 2008 ascendieron a 236, aunque, no obstante, en los últimos tres años se ha incrementado la plantilla como respuesta a una mejora y ampliación del servicio que ha supuesto la creación de nuevos parques de bomberos.

Finalmente, la Junta General del CPB Málaga aprobó, a mediados de 2010, una convocatoria de oferta de empleo público con 273 plazas para distintas categorías, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga en junio de 2010 "sin que fuera objeto de ninguna impugnación".

Cámara ha puntualizado que los estatutos del CPB Málaga establecen una regla —artículo 30.2 de los Estatutos— para vincular la plantilla a los distintos ayuntamientos que componen el consorcio en función de su población, según han informado desde la institución en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que los estatutos aprobados con la creación del consorcio en 2008 suponen "un punto de partida con una plantilla inicial que se vincula a los entes consorciados en ese momento y que puede ser incrementada según las necesidades del servicio", por lo que estos "prevén la vinculación de las plazas que con el paso de los años se han ido creando para mejorar y ampliar el servicio".

De este modo, la vinculación se ejecuta "automáticamente" a cada municipio en función de una horquilla de población —ocho plazas para municipios de entre 12.500 y 15.000 habitantes y 12 plazas para municipios de entre 15.001 y 17.500 habitantes—, según ha explicado.

"Desde la aprobación de los estatutos del CPB Málaga, numerosos municipios han incrementado su población y, por lo tanto, asumen más personal del inicialmente previsto en el acuerdo estatutario, que establece un punto de partida con datos poblacionales correspondientes al año 2005", ha indicado.

Asimismo, la Junta General del CPB Málaga aprobó por unanimidad el 11 de abril de 2008, incluido el voto a favor del vicepresidente, Fernando Fernández Tapia, una moción sobre distribución de la vinculación de las plazas, en el que —según Cámara— se recoge un cuadro de adscripción de personal a diversos ayuntamientos que eleva el personal máximo vinculado a 318 funcionarios, "mucho más de las plazas que incluye la Oferta de Empleo Público", ha subrayado.

Además, el gerente del CPB Málaga ha afirmado que "anualmente" han sido aprobadas por la Junta General las sucesivas plantillas desde 2008, la oferta de empleo público y las bases de la convocatoria "sin ningún voto en contra ni alegación de ningún representante".

Estas últimas también se ajustan a derecho respecto a las normas por las que se rige la institución: Estatuto Básico del Empleado Público; R. D. 364/95; Ley 7/85; R. D. 781/86 y R. D. 896/91, según han precisado desde el Consorcio.

Por tanto, Cámara ha destacado que, "una vez más, el PP ejerce un alto grado de manipulación e irresponsabilidad cuando tacha de ilegales unas plazas que cumplen escrupulosamente con la legalidad, algo que este grupo político podría haber comprobado con una simple lectura de los estatutos de la organización a la que pertenecen o repasando los acuerdos de Junta General que han apoyado".

A su juicio, "el único objetivo del PP es desestabilizar la institución y a los profesionales que la componen, intentando atentar contra un proceso de acceso a la función pública demandado desde hace años por los funcionarios interinos del CPB Málaga y al que aspiran miles de opositores", ha concluido.