El Gobierno gallego ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley de convivencia en las aulas, que reconoce la figura del profesor como "autoridad pública" y tipifica el acoso escolar "por primera vez" en España. Además, con esta norma se pretende "garantizar" la participación de los padres en los procesos educativos, como las consultas sobre el idioma en la enseñanza.

Lo ha anunciado el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde incidió en que esta ley busca "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que permitan alcanzar y mantener un clima de convivencia que garantice el "respeto" en los centros educativos de la comunidad.

Para ello, se posibilitará "una respuesta jurídica inmediata y reeducadora" a comportamientos que perturben el correcto clima en los centros educativos, introduciendo además, por primera vez, en el plano legislativo la figura del acoso escolar "con carácter preventivo y correctivo".

Además, el texto recoge las aspiraciones de una "mayoría" del profesorado de ver reconocida debidamente "su función" por la sociedad y los poderes públicos. Así, el docente será considerado autoridad pública y dispondrá de la protección jurídica y de la presunción de veracidad "necesaria para mantener el comportamiento escolar".

El anteproyecto de ley, que pasará ahora al Parlamento, donde será debatido por los grupos políticos, busca también instaurar la corresponsabilidad de las familias a través de la participación, por lo que se regulará también "la consulta y la participación directa" de las familias en el proceso educativo.

"vacío legal"

De hecho, Feijóo se ha reafirmado en su decisión de regular las consultas a los padres a través de esta norma con el fin de "cumplir con las advertencias" del Consello Consultivo —que detectó "dudas de legalidad" en las encuestas sobre el idioma— y cumplimentar "un vacío legal existente". "Espero y deseo que se pueda consultar en un país democrático", ha defendido.

Tras subrayar que se habilitará "una fórmula" para que los padres puedan ser consultados sobre el idioma "o sobre cualquier otra cosa", ha rechazado que proporcionar a los padres "la oportunidad de que opinen y se puedan manifestar" vaya a generar "una brecha o diferencias" en la educación de los gallegos en función del centro en el que estudien. "Ya hicimos una consulta y no veo brechas generalizadas", ha alegado.

En cualquier caso, ha incidido en que el objetivo de esta norma va un paso más allá y da cumplimiento a dos compromisos adquiridos en la campaña electoral previa a la cita con las urnas que le abrió las puertas de San Caetano: "mejorar" la convivencia en los centros educativos de la comunidad y reconocer la autoridad del profesor dando respuesta a una demanda "mayoritaria". DERECHOS,

Deberes y normas

El texto aprobado recoge una relación de derechos y deberes del alumnado, profesorado y personal de administración y servicios de los centros educativos (P.A.S.) con el fin de alcanzar un clima de "respeto mutuo" en las aulas, a través de la comunicación entre padres, madres y docentes, de la participación "directa" de las familias en la comunidad educativa, y del respeto de las mismas a la autoridad del profesorado.

Por su parte, tanto profesores como P.A.S. deberán colaborar activamente en la prevención y corrección del acoso escolar, "comportándose" en el centro educativo.

En cuanto a las normas básicas de convivencia, se estipula, además de la condición de autoridad pública de los docentes, su habilitación para requisar objetos, productos o sustancias peligrosas o prohibidas por las normas del centro, dentro del recinto escolar y durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. SANCIONES

Con el objetivo de garantizar que los plazos de aplicación de las medidas correctoras no afecten a la convivencia en colegios e institutos, la ley dotará de inmediatez el procedimiento de imposición de las sanciones, siempre en un régimen "garantista" y persiguiendo el carácter "reeducador" de las medidas correctoras aplicadas.

Para ello, la norma tipifica las conductas graves y leves contrarias a la convivencia —incluyendo su gradación y atenuantes—, las medidas correctoras de las mismas y el procedimiento para su aplicación.

Además de abordar el tratamiento del acoso escolar, el texto extiende el ámbito de aplicación disciplinaria a las conductas desarrolladas a través de las nuevas tecnologías, así como a la grabación, manipulación y difusión "por cualquier medio" de imágenes o información que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

Otra de las novedades del texto es la incorporación a los planes de convivencia de los centros docentes de protocolos para la prevención, detección y tratamiento de las situaciones de acoso escolar.