La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado asumir las investigaciones del caso Sant Elm, que indaga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al Ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

La sala se ha declarado de este modo competente para la instrucción de esta causa debido al aforamiento del diputado del PP y ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, como consecuencia del cual el Juzgado de Instrucción número 7, encargado hasta ahora de las pesquisas, pidió que se encargara de la causa la máxima instancia judicial de las islas.

El TSJIB ha aceptado además la abstención planteada por la magistrada Felisa Vidal, jefa de los servicios jurídicos en el Govern de Jaume Matas (PP), como ponente de las diligencias y designar en su puesto al presidente de la sala, Antonio Terrasa.

La sala, compuesta por Terrasa y los magistrados Javier Muñoz y Pablo Delfont, ha dado respuesta de esta forma a la exposición razonada que le remitió el instructor del procedimiento, Antoni Garcías, quien apreciaba indicios delictivos suficientes por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el caso de Flaquer, uno de los principales imputados junto al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el presidente de la Fundació y ex jefe del Ejecutivo autonómico, Gabriel Cañellas.

La acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx a través del letrado Pablo Alonso de Caso, sostiene que en este proceso Flaquer ejerció una "voluntad de defraudar" a la administración pública, al rubricar un convenio con el Consistorio para que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació Illes Balears para la cesión del castillo de Sant Elm al Ayuntamiento.

A tenor de estos hechos, la acusación subraya que podrían haberse producido "supuestos ilícitos penales" a raíz de una "estrategia triangular" trazada entre Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Es más, postula que la conducta de todos ellos "podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial".

Sin embargo, el parlamentario negó en su declaración ante el juez haber cometido delito alguno a raíz de la firma, en marzo de 2006, del convenio por el que el Inestur acordó el pago de 30.000 euros al Consistorio, y defendió que éste iba dirigido al fomento del turismo cultural en el municipio 'andritxol'. Por su parte, Cañellas e Hidalgo, que comparecieron hace un año ante el magistrado, se acusaron mutuamente de la idea de otorgar al edificio una utilización institucional y promocional.

Fue a raíz de las irregularidades detectadas por la corporación municipal tras las elecciones de 2007 cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia penal contra Hidalgo y Cañellas, así como contra aquellas personas del Inestur presuntamente implicadas en los hechos, al sostener que habrían incurrido en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y defraudación a la administración.