Unións Agrarias (UU.AA.) urge el "apoyo" de la Xunta a 23 cooperativas gallegas con interés en adquirir la fábrica de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra). "Mientras estamos en etapa preconcursal, el Gobierno gallego tiene la oportunidad de poder negociar con Nueva Rumasa o apoyar a un amplio grupo de base cooperativa para que se haga con estas instalaciones", ha aseverado el secretario xeral del sindicato, Roberto García.

En una rueda de prensa que se produce un día después de que Leite Río —propiedad del empresario lugués Jesús Lence— descartase la posibilidad de hacerse con la planta pontevedresa, el líder de la central agraria ha apremiado una actuación por parte del Ejecutivo autonómico. Según ha advertido, "a partir de que pasen estos dos meses —lo que dura el 'preconcurso' de acreedores que solicitó el grupo de José María Ruiz-Mateos— va a ser la actuación judicial la que determine el destino de estos activos, e irán al mejor postor".

De este modo, García cree que la Xunta debería "haber aprendido de errores" y actuaciones "partidistas y sectarias" pasadas e "incorporar" a este nuevo proyecto a las cooperativas "que quedaron fuera" en el momento en que se constituyó Alimentos Lácteos, grupo al que el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) concedió un aval de 1,6 millones de euros para hacerse con la fábrica de Leche Pascual en Outeiro de Rey (Lugo).

Alimentos Lácteos —que inicialmente conformaron Cooperativa Arzuana, Tierra Llana, Gancobre, Indega, Mopan, O Pereiro y Central de Ordes— se dedica "solo" a la elaboración de leche líquida, "barata", por lo que "difícilmente podrá tener viabilidad" en la compra de la planta de Clesa, a juicio del secretario xeral de UU.AA.

Para ello, es preciso "volumen", algo que, en su opinión, aportarían el resto de cooperativas que "por razones no empresariales, sino político partidistas, quedaron excluidas", ha dicho, en alusión a un listado que eleva las anteriores a 23 y entre las que se encuentran Colaga, Agris, Feiraco, Irmandiños, Xallas, Melisanto, Central de Frades y Agrosarria.

"Sobre todo, darían viabilidad a los 160 trabajadores en estos momentos en peligro en la planta de Caldas", ha destacado, para llamar la atención, a continuación, sobre el hecho de que "se evitaría" que unas instalaciones que generan "valor añadido" —ya que producen yogures, quesos y leche en polvo— terminen en manos de "una nueva multinacional francesa".

Dicha circunstancia, según ha avisado, "incrementaría" el proceso de "control" foráneo del mercado lácteo gallego, que sigue produciendo un 40 por ciento de la leche en España. "Es una de las últimas oportunidades que volvemos a tener", ha incidido, para reiterar que "la preocupación" del sindicato se centra en que, en la acción de la Administración autonómica, "prime el criterio partidista y sectario sobre el del sector".

Tras insistir en que el interés de las cooperativas existe "sin lugar a dudas", García ha constatado el grado de "descapitalización" en el que se hallan, lo que "requiere una presencia insitucional" de la Consellería de Industria, ha señalado, con la concesión de un nuevo aval a través del Igape "para reflotar la planta, como se hizo en su momento" con la de Outeiro de Rei.

"velar por su propio dinero"

El Ejecutivo autonómico debería proceder de este modo, según ha indicado, "en primer lugar, si quiere velar por su propio dinero". Así, ha apuntado a los "casi 1,8 millones de euros" que destinó, "a fondo perdido", para la inversión de Clesa en la mejora de sus instalaciones en Caldas de Reis.

En este extremo, ha censurado que "se dieran subvenciones millonarias sin tener en cuenta que esta empresa no le compraba la leche a ni un solo ganadero gallego".

Por contra, Clesa se abastecía en Galicia a través de empresas primeras compradoras, cuestión que también "preocupa" a UU.AA., puesto que cinco de ellas "tienen varios pagarés sin hacer efectivos en el banco" y, según ha vuelto a denunciar Roberto García, "están utilizando a los ganaderos como elemento de presión". "Estamos siendo rehenes de una situación que no buscamos", ha criticado.

Aval a las empresas intermediarias

Por ello, en una reunión este mismo miércoles con el director xeral do Igape, Joaquín Varela, la central agraria ha demandado "que habilite las mismas medidas" a estas primeras compradoras que las que dirige "a otras empresas en crisis", de modo que avale el crédito de 3,7 millones de euros que calcula que les debe Clesa.

Respecto a "la deuda en el campo", el sindicato estima que es "inferior" a esa cantidad, puesto que las compañías intermediarias "han tirado de sus recursos para pagar a los ganaderos", ha señalado García, con el objetivo, ha indicado, de "no quedarse sin materia prima".

Como consecuencia del encuentro, con el que UU.AA. buscaba "la mejor fórmula para defender a sus afiliados", el Igape mantendrá una reunión esta misma tarde con las cinco empresas afectadas por la situación de Nueva Rumasa. Será a las 16.30 horas y tendrá como finalidad "buscar una forma agil" de resolver la situación, ha subayado el líder de Unións Agrarias.

Avances de la inlac

Por otra parte, el responsable del sindicato agrario gallego ha dado a conocer los principales avances de la asamblea general que celebró este miércoles la Interprofesional Láctea (Inlac) en Madrid, y en la que se presentaron sendos estudios que encargaron las organizaciones y cooperativas agrarias (a la Universidade de Santiago de Compostela), por un lado y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil, a la Escuela de Negocios San Telmo de Madrid), por otro.

"Cualquiera de las fórmulas implica que el precio de la leche en España debería subir entorno a unos tres céntimos", ha proclamado Roberto García.

Asimismo, ha calificado de "históricos" dos acuerdos adoptados "por unanimidad" entre organizaciones y Fenil: uno, relativo a que "la Inlac dé cobertura a todas las interprofesionales de leche de España —vacuno, caprino y opino—" y, el otro, sobre "la necesidad de regular la extensión de la norma", lo que implicará que las decisiones que involucren a más del 60 por ciento del sector serán "por ley de obligatorio cumplimiento" entre ganaderos e industrias.

A mayores, la "base legal" que aportan tanto Bruselas como Gobierno central, con el real decreto que prevé aprobar antes del próximo 1 de abril, "acaban con el proceso de imposición de precios de forma unilateral por parte de las industrias", ha valorado García.

Lo hará mediante unas relaciones entre ganaderos e industrias donde figuren, "por escrito", cantidad de leche a recoger, duración anual y precio, "fijo o variable", pero también para el periodo de un año, en los denominados contratos homologados.

índice de la usc

En la comparecencia, García ha desgranado los elementos que conforman el índice elaborado por la USC, y que se compone, en primer lugar, por los precios que el consumidor paga por los cartones de leche en los centros de distribución, con una ponderación del 48%.

En segundo lugar, contabiliza en un 15% la cotización de la mantequilla que publica la Unión Europea (UE). Los precios del queso 'Gouda' y 'Edam' —loncheado, que representa una parte "sustancial" del que entra en el mercado español— tienen una valoración del 10% en el cómputo global.

Por último, un mix de los precios de la leche en los cinco principales países de los que importa España (Francia, 39%; Alemania, 26%; Portugal, 12%; Holanda, 14% y Dinamarca, 9%) representa el 27% del índice.

La Inlac estudia incluir una quinta variable para ponderar la variación de los costes de los piensos. Por su parte, el estudio de la Fenil supone "la apliación" en España del precio que se paga en Alemania.