El sindicato CSI-F Extremadura ha alertado sobre la "duplicidad de servicios" que a su juicio prestan las administraciones y las empresas públicas, y ha propuesto la elaboración de un estudio para determinar "qué servicios tienen que prestar estas administraciones, y quien debe prestarlos".

El presidente regional del sindicato CSI-F Extremadura, José Fernández Vidal, ha considerado que los servicios públicos los tienen que prestar los empleados públicos, mientras que para "los que no son públicos, muy bien, que creen empresas". Pero en este sentido ha asegurado que hay empresas públicas que "son innecesarias".

Y es que, a su juicio, "no se pueden crear empresas públicas para hacer lo mismo que están haciendo los empleados públicos", algo que en su opinión se está produciendo "para saltarse y contratar a gente que con menos dinero está prestando servicios", pero "no los contratan a través de una oposición, con objetividad, con transparencia", ha lamentado.

Con esta situación, lo que está ocurriendo, según ha explicado, es que "en un mismo edificio, que es la administración autonómica, hay un empleado público y un trabajador de una empresa pública o semipública", y haciendo el mismo trabajo, tienen derechos diferentes".

Ante esta situación, Fernández Vidal se ha preguntado "¿para qué sirven, qué hacen, qué necesidad hay de ellas, y por qué no se cubren esos puestos con empleados públicos?". "Vamos a ponernos de acuerdo de una vez por todas", ha apuntado.

Campaña contra el "acoso" a los servicios públicos

José Fernández Vidal se ha pronunciado de esta forma durante la presentación de la campaña 'Defendiendo lo público' que el sindicato CSI-F ha puesto en marcha, y por la que repartirá carteles, pegatinas y panfletos en los centros de trabajo para defender y "dignificar" la labor que desarrolla el empleado público, que permite mantener unos servicios públicos "de calidad".

Una campaña que se ha hecho necesaria, según ha explicado Fernández Vidal, porque "nunca han estado más denostados los empleados públicos", de cuyo trabajo se ha cuestionado su "eficacia y eficiencia", lo cual "esconde el descrédito de los servicios públicos".

A través de estas críticas "se está cuestionando el estado actual de bienestar", ha considerado el presidente regional de CSI-F, quien ha asegurado que "desde instancias políticas se ha intoxicado a la opinión pública para ocultar los fracasos y los abusos de los políticos como gestores de los intereses públicos han cometido".

Y es que, según ha apuntado, "es ingente la cantidad de simpatizantes y militantes de los partidos políticos que han sido colocados y recolocados en organismos financiados con dinero público", y que ahora, con la crisis, "pretenden incorporarse al sector público".

Sectores como sanidad, educación, justicia o seguridad ofrecen en la actualidad "servicios de calidad", de carácter público, y ha alertado de que existen "intereses que quieren convertir en negocio lo que hoy son derechos", ha apuntado Fernández Vidal.

En su opinión, en la actualidad existe una "campaña de acoso a los servicios públicos" cuando, a su juicio, estos trabajadores son los "garantes" de la calidad de los servicios que se ofrecen, "al margen de los vaivenes políticos", por lo que ha advertido de que este sindicato "denunciará todas las campañas y medidas que hacen recaer la culpa y los costes de las crisis" sobre quienes no tienen "ninguna responsabilidad".

En ese sentido, el presidente de CSI-F ha alertado acerca de las "políticas de derroche de las administraciones", que a su juicio "genera un gasto inasumible" derivado de las "decenas de miles de asesores" y las "miles" de empresas públicas y semipúblicas "cuyo déficit se financia después con los presupuestos públicos".

No hay diálogo

Por otra parte, con esta campaña, CSI-F pretende poner de manifiesto también que hace un año que no existe el "clima de diálogo" que había anteriormente con el Gobierno, que a su juicio "pasa absolutamente de sus empleados públicos".

Así, Fernández Vidal ha reclamado al Gobierno "el restablecimiento inmediato de la legalidad vulnerada", así como "el regreso al diálogo social y a la negociación colectiva", ya que a su juicio, son las administraciones "las que tienen que defender a los empleados públicos".

En ese sentido, el presidente de CSI-F ha considerado que "antes de pedir sacrificios" a los trabajadores y a los pensionistas, las administraciones públicas tienen que adoptar "medidas de austeridad" y la clase política debe "terminar con los privilegios" que siguen teniendo.

Finalmente, ha alertado de que "el estado de bienestar, si no hay buenos servicios públicos, desaparece", y en ese sentido, ha lamentado que si los propios gestores "no creen en estos servicios que tienen la obligación de prestar" a los ciudadanos, "¿qué será el día de mañana?".

Así, ha recordado que España tiene la ratio más baja de Europa en cuanto a número de habitantes por empleado público