El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha anunciado que la investigación interna realizada por el Gobierno andaluz sobre posibles irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha detectado "32 nuevas discordancias" en las prejubilaciones, lo que supone un total de 70 casos irregulares.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento en el marco de una interpelación sobre política general en materia de expedientes de regulación de empleo, a iniciativa del PP-A, Recio ha apuntado que, sin embargo, 1.499 trabajadores de los 1.569 estudiados, se encuentran en una situación "clara" y que las irregularidades solo afectan a un 0,04 por ciento del total.

El consejero del ramo, que ha explicado que la investigación se inició el pasado 17 de enero sobre el conjunto de los ERE "vivos" y que se ha extendido a un total de 35 empresas, ha anunciado que el Gobierno andaluz también va a remitir al juzgado el resultado de un "primer análisis" del estado de todas las ayudas a empresas con cargo a la partida 31L que gestionaba la dirección general de Trabajo y cuyos destinatarios no sean trabajadores.

Según ha precisado Recio, se trata de 130 ayudas que han recibido casi 87 millones de euros. De este total, 13 han ido destinadas a ayuntamientos (cerca de 3,3 millones). Ha querido dejar claro que la finalidad de estos fondos es "la adecuada, apoyar el mantenimiento y la creación de empleo", al tiempo que ha defendido la "honorabilidad" de estas empresas que han recibido ayudas.

No obstante, ha considerado que la única forma que tiene el Gobierno andaluz para acabar con las "especulaciones" que existen es remitir la información sobre todas estas ayudas al juzgado. "La Junta no tapa nada, no esconde nada", ha insistido el titular del ramo, quien se ha mostrado convencido de que el PP-A "no persigue la verdad en este asunto, sino que persigue a socialistas y confunde la parte con el todo, disparando contra todo lo que se mueve".

Asimismo, ha destacado que la investigación interna realizada por su departamento, "lejos de ser una tarea fácil, se ha presentado revestida de una gran complejidad, máximo cuando debemos tener presente que su resultado puede afectar, de una o de otra manera, a personas, trabajadores, empresas e instituciones". "Debe presumirse la corrección de su proceder y actuaciones, salvo que la justicia pueda determinar alguna posible irregularidad", ha añadido.

De igual modo, Recio ha indicado que las ayudas han ido a parar a personas con una situación de "extrema dificultad" que han tenido que ser ayudadas. Sobre las irregularidades detectadas, ha dicho que el Gobierno andaluz no prejuzga la culpabilidad, "como sí hace el PP". "Los presuntos ílicitos tendrán la ocasión de explicar ante los tribunales cuáles son sus circunstancias, si así lo estima la juez", ha apostillado.

Tras asegurar que el Gobierno andaluz está colaborando con justicia "desde el minuto uno" y que avala la política de ayudas a empresas en crisis, ha considerado "radicalmente falso" que se hayan utilizado mal un total de 647 millones de euros. No obstante, ha considerado "impresentable que cualquiera se haya podido aprovechar de estos recursos haciendo un daño tremendo al conjunto de los trabajadores y a la imagen de Andalucía".

Al hilo de ello, el consejero de Empleo ha avanzado que va a solicitar en el Parlamento su comparecencia en la Comisión de Empleo para poder debatir con los distintos grupos políticos y para que éstos puedan conocer "los detalles" de la denuncia que este jueves ha anunciado. Ha garantizado que el Gobierno andaluz va a recuperar "hasta el último céntimo" cuando el juzgado determine las responsabilidades.

Finalmente, le ha trasladado al PP-A que "es su problema" si le da "más credibilidad" al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "quien hoy dice una cosa y mañana la contraria". PP-A

Ve una trama con un denominado común:

"el psoe"

A este respecto, el diputado del PP-A Carlos Rojas ha destacado que Guerrero asegura este jueves en una entrevista concedida al periódico 'El País' que los tres consejeros que antecedieron en el cargo a Recio "decidían las ayudas directas del fondo de reptiles". "Guerrero reconoce que esto ha sido la política general de la Junta y no hechos aislados, como la Junta ha venido sosteniendo", ha añadido.

Sobre las declaraciones de Guerrero, también ha destacado Rojas que éste asegura que los consejeros "han tenido más interés o menos en adjudicar las ayudas, según la relación que tuviera con las empresas". "Eso está tipificado en el Código Penal y se llama tráfico de influencias", ha señalado el parlamentario, quien ha insistido en que el ex director general de Trabajo "confirma que todo lo que el PP ha dicho en esta tribuna es rigurosamente cierto".

El diputado del PP-A ha acusado al Gobierno andaluz de no querer que se sepa la verdad, al tiempo que ha indicado que a los andaluces sí les interesa conocerla "caiga quien caiga, porque estamos ante un caso de corrupción". Se ha preguntado cuánto habrá que esperar para que se apruebe una comisión de investigación en el Parlamento y para cuándo la dimisión del ex consejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y la del propio Recio.

Asimismo, ha pedido al Gobierno andaluz que entregue el informe de la investigación interna en el Parlamento y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, explique "dónde están los millones repartidos". En su opinión, en esta situación se dan dos responsabilidades: "quien repartió los fondos sin control legal y quien conoció estas patrañas y miró para otro lado". "Todo parece indicar que estamos ante una trama con un denominador común: el PSOE", ha concluido.