Unos 5.000 afectados por el paro de controladores aéreos les reclaman 60 millones de fianza

Cerca de 5.000 pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo se han personado este jueves en la causa penal abierta contra los controladores aéreos por el abandono de sus puestos de trabajo los pasados 3 y 4 de diciembre.

Los abogados de la agrupación, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, han acudido a personarse como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que acumula en un sólo proceso todas las querellas presentadas contra los controladores por el caos aéreo.

Los afectados consideran que los controladores incurrieron en un presunto delito de abandono de funciones tipificado en el artículo 409 del Código Penal, que contempla penas de multa y de suspensión de empleo de entre meses y dos años.

Además, solicitan que los demandados paguen con su propio patrimonio una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los afectados por daño moral y la cantidad que cada uno pueda justificar como daño material.

Añaden que, en caso de que los controladores no depositen la fianza exigida, se ha pedido que sus bienes sean embargados, y subrayó que la personación de estos 5.000 ciudadanos es el primer paso de la Agrupación de Demandantes Afectados por el cierre del espacio aéreo, y que se espera que en los próximos días se les sumen varios miles de personas más.

Vencedores y vencidos

Los demandantes consideran que AENA es responsable civil subsidiaria de los perjuicios provocados por el cierre del espacio aéreo que llevarona que el Gobierno tuviese que declarar el estado de alarma ante la crisis de los controladores y el caos aéreo que provocaron.

También han solicitado que el juzgado investigue quiénes fueron los controladores que se ausentaron de sus puestos en la víspera del Puente de la Constitución, y que, una vez hayan sido identificados, se les cite para prestar declaración. No obstante, el juez deberá aceptar la personación de la Agrupación de Demandantes en el proceso penal.

Por su parte, la presidenta de la agrupación de afectados, Elena Fuente, aseguró que, una vez que el laudo del ex ministro del PP Manuel Pimentel ha resuelto el conflicto laboral entre los controladores y AENA, "ahora toca resolver el daño causado a miles de personas".

En cuanto a las declaraciones hechas por el ministro de Fomento, José Blanco, quien afirmó que tras la emisión del laudo "no hay vencedores ni vencidos", Fuente insistió en que existen "miles de víctimas" afectadas por el conflicto que aún no han sido atendidas.

La Agrupación defiende que los controladores, que desde el punto de vista penal son considerados como funcionarios públicos, podrían haber cometido un delito de abandono de sus funciones previsto en el artículo 409 del Código Penal.

Según Vericat, con estas actuaciones judiciales "se abre un debate jurídico en España sobre la valoración de los criterios de responsabilidad de los daños cometidos sobre los ciudadanos".

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