Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en Andalucía han valorado este miércoles que el proyecto de Ley del Olivar haya superado el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento andaluz, tras haber sido rechazadas por el PSOE-A las respectivas enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución planteadas por PP-A e IULV-CA, de manera que Asaja insiste en que "necesita un cambio radical" para llegar a ser útil, mientras que UPA-A reconoce que contempla herramientas "útiles" para frenar la crisis de precios y COAG-A pide "premura" en su puesta en marcha ante la situación que vive el sector después de tres años de crisis.

De esta manera, el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, anuncia que si el texto de la Ley del Olivar "no sufre un cambio radical" en su tramitación en el Parlamento para que tenga "alguna utilidad" pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Asaja-A ha criticado que el sector del aceite y la aceituna lleva tres años percibiendo unos precios que están "muy por debajo del umbral de rentabilidad", sin que la Consejería de Agricultura de Andalucía haya puesto en marcha "una sola medida que ayude a paliar esta situación, y sin que esta Consejería haya dado cabida en el Proyecto de Ley a aquellas medidas que podrían contribuir a resolver la crisis de rentabilidad que padece el sector más emblemático de la agricultura andaluza".

Según indica, el texto presentado en el Parlamento "no ha incorporado prácticamente ninguna de las alegaciones de calado formuladas por Asaja", ha recibido el voto en contra de los agentes económicos en el Comité Económico y Social de Andalucía, sufrió "un tremendo varapalo" tras su paso por el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazo la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que "muchos" de sus preceptos estaban "vacíos de contenido".

Asaja-A ha señalado que el Ejecutivo andaluz pretende justificar la "pésima" gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con este sector y ha indicado que los olivareros han cerrado el ejercicio de 2010 con una pérdida de renta de un 5,7 por ciento, un empobrecimiento que se suma al que ya se produjo en el año anterior, en el que la renta de los oleicultores se redujo un 15,2 por ciento frente a 2008.

Sin embargo, ha apuntado que los olivareros continúan esperando el apoyo para emprender el necesario plan de modernización y reestructuración, la necesaria presión política para conseguir que Bruselas autorice el almacenamiento privado del aceite de oliva ante las graves perturbaciones del mercado, el plan de apoyo al sector de la aceituna de mesa, los cambios en la legislación que eviten el abuso de la posición dominante de la industria alimentaria y del oligopolio de la gran distribución.

Así, ha subrayado el sector sobrevive gracias a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que generan más del 40 por ciento de la renta de los olivareros, pero que en este momento "penden de un hilo y pueden verse drásticamente recortadas si en la reforma de la PAC se establece una 'tasa plana'. De ahí que inste al Ejecutivo andaluz a que se tome "realmente en serio" este asunto.

Por otra parte, ha indicado que el proyecto de Ley del Olivar no cuenta con un presupuesto específico, por lo que entre sus posibles vías de financiación plantea la posibilidad de emplear los fondos que reciben los propios olivareros de la PAC, provocando "un trasvase entre las distintas comarcas olivareras", un procedimiento que ASAJA "no va a consentir", puesto que "la solución no está en desvestir un santo para vestir a otro". "La Ley debe ofrecer soluciones a los problemas de todo el sector en todas las comarcas, de lo contrario, se estará ante un texto con un carácter marcadamente sectario y capaz de provocar más perjuicios que beneficios para uno de los principales motores de la economía rural andaluza", ha subrayado.

En conclusión, Asaja-a ha indicado que se trata de un proyecto de Ley elaborado al "más puro estilo del despotismo ilustrado", pues "nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos". COAG-A Y UPA-A

Por su parte, el responsable del olivar en COAG-A, Francisco Garrido, ha valorado "muy positivamente" la puesta en marcha de la Ley del Olivar y ha pedido un apoyo "firme" a un sector tradicional en Andalucía que sustenta a más de 300 pueblos, en "muchos" de ellos, según ha explicado, donde "no hay otra alternativa".

"El olivar necesita un apoyo decidido por la Administración andaluza y debe ser preservado por la Ley", ha subrayado a Europa Press Garrido quien ha asistido al debate a la totalidad de la Ley del Olivar en el Parlamento andaluz.

De otro lado, COAG-A ha considerado un "error" que la Ley del Olivar no contemple cuestiones sobre el mercado, como mecanismos de regulación, precios mínimos para llegar a los costes de producción, instrumentos que garanticen la transparencia en la cadena alimentaria". En este sentido, ha destacado que aunque estas cuestiones son de ámbito comunitario "se podía haber trabajado más en Bruselas".

Por último, ha instado a la Administración andaluza ha realización con "premura" el Plan Director del Olivar porque "tras tres años de crisis del sector, los agricultores no pueden esperar mucho más".

Por su parte, UPA-A confía en que el Parlamento respalde la Ley del Olivar, después de que en la tarde de este miércoles el PSOE de Andalucía haya rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas en el Parlamento por PP e IU. UPA-Andalucía reconoce que esta nueva normativa contempla herramientas útiles para frenar la crisis de precios que está afectando a los olivareros andaluces.

UPA-A siempre ha defendido la puesta en marcha de la Ley del Olivar puesto que puede convertirse en "un poderoso instrumento para afrontar los problemas de los productores de olivar andaluces", ha afirmado el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, quien además ha destacado la inclusión en la normativa de distintas propuestas que UPA-Andalucía ha venido planteando en todo el proceso de elaboración de la normativa.

Rodríguez ha destacado que esta Ley justifica la importancia económica del olivar, además de abordar cuestiones fundamentales como son la concentración de la oferta, la promoción y el aprovechamiento de la biomasa.

Según UPA-A, los olivareros están sufriendo una fuerte crisis de precios, de ahí la necesidad de que se ponga en marcha "una normativa que impulse medidas para frenar la sangría de precios que vienen sufriendo los productores andaluces". Una de estas herramientas es la concentración de la oferta y la promoción. Y es que, según ha indicado, la solución a la crisis de precios de los olivareros pasa por poner en marcha mecanismos que concentren la oferta para hacer frente así a los desequilibrios en la cadena alimentaria.

Asimismo, UPA-A ha defendido que los productos que ofrece el olivar andaluz deben ser puestos en valor puesto que se dan en cantidad y en calidad, además de significar un sector estratégico para la economía y la cohesión social y territorial de nuestra región. En este sentido, el reforzamiento de la promoción es "indispensable", según ha apuntado.

Por otra parte, otra de las inclusiones es el aprovechamiento de la biomasa, con los restos de poda del olivar para su uso con fines energéticos, una iniciativa que pretende acercar la innovación y las energías renovables al sector olivarero. Y es que Andalucía produce en la actualidad 2 millones y medio de toneladas.

En definitiva, La Ley del Olivar de Andalucía es una normativa que pretende poner freno a la situación de bajos precios en origen del sector oleícola, asegurando así el futuro de un sector estratégico para nuestra región.