El PSOE de Sevilla ha convocado para el viernes de la semana en curso una reunión de su Comité Ejecutivo. En el orden del día de la sesión, figura la vacante causada por Antonio Rivas en la Secretaría provincial de Formación Profesional y Empleo al haber renunciado el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo a sus cargos orgánicos. Y es que la Fiscalía reclama para él una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión de empleo o cargo público como acusado de un posible delito de cohecho en el intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos, Mercasevilla. Rivas ha dimitido también como secretario general del PSOE de Camas al ser descubierto que tres afiliados de esta agrupación estarían relacionados con la trama de prejubilaciones fraudulentas investigadas por la citada instancia judicial.

Fuentes del PSOE han informado a Europa Press de que, en concreto, la reunión de esta sesión de la Ejecutiva provincial socialista ha sido fijada para las 13,00 horas del próximo viernes, toda vez que la vacante de Rivas en el Comité Ejecutivo provincial aún no ha sido cubierta y los órganos directivos del PSOE de Camas han sido disueltos al objeto de que una comisión gestora dirija las riendas del partido.

Las comisiones ilegales

La Fiscalía reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro acusados del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en Mercasevilla. Los acusados, en concreto, son el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, fechado el 22 de febrero del año en curso y recogido por Europa Press, el 18 de diciembre de 2007 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Fundación Socioasistencial de la sociedad mixta Mercasevilla, —participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa—, la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y la empresa 'Alazar', perteneciente al grupo hostelero 'La Raza', suscribieron un protocolo en el que "ya se mencionaba" la creación de un centro de formación de hostelería en los suelos de Mercasevilla, dirigida entonces por Fernando Mellet.

A tal efecto, y siempre según el relato de los hechos que figura en el escrito de acusación, Mellet solicitó el 1 de agosto de 2008 "formalmente" al Servicio Andaluz de Empleo una subvención para creación de esta escuela de hostelería. El 16 de diciembre de 2008, a tal efecto, el presidente del SAE visaba la concesión de esta resolución por un importe de 900.000 euros.

Es entonces, según este documento, cuando el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, "se pudo en contacto" con Fernando Mellet y "de común acuerdo", con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros a cambio de que fuera el grupo Alazar quien se encargara de la gestión y explotación del centro de formación". Daniel Ponce y María Regla Pereira, según el escrito de acusación, estaban "enterados de esta decisión y aceptaron colaborar" con Rivas y Mellet.

El primer encuentro

Dado el caso, el 16 de enero de 2009, el entonces director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce celebró una reunión con el responsable del grupo 'La Raza' Pedro Sánchez Cuerda, actualmente presidente de la patronal hostelera de Sevilla. En tal encuentro, Ponce habría reclamado al empresario la entrega de 300.000 euros a cambio de la adjudicación de la gestión de la futura escuela de hostelería "so pretexto de que era 'una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía'", pidiendo otros 150.000 euros por los costes de la instalación eléctrica de la parcela que habría de albergar la futura escuela de hostelería. Regla Pereira, según la Fiscalía, habría asistido "parcialmente" al encuentro "reforzando la petición" de Ponce.

Ya el 27 de enero de 2009, fue celebrado un segundo encuentro entre Sánchez Cuerda, su socio José Ignacio de Rojas, Ponce y Mellet, una reunión que fue grabada en secreto por los dos empresarios. En tal encuentro, Mellet y Ponce "insistieron en la petición de las candidades de dinero, reforzando su petición con el falso argumento de que lo pedido no era para ellos, sino para 'una colaboración con la Junta'". La grabación, finalmente, fue entregada por estos dos empresarios a la Consejería de Empleo, que elevó el material sonoro a la Fiscalía de Sevilla dando pie a las primeras diligencias correspondientes a la investigación promovida por el Juzgado de Instrucción número seis en torno a la gestión del mercado central de abastos.

Los cuatro imputados

Estas primeras diligencias se saldaron con la imputación de Rivas, Mellet, Ponce y María Regla Pereira, toda vez que los ya ex directivos del mercado central de abastos han sido también imputados en las líneas de investigación impulsadas por la juez Mercedes Alaya en cuanto al posible delito societario perpetrado en la gestión de la compañía, como en las supuestas irregularidades descubiertas en el concurso público mediante el que 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial del grupo constructor Sando, se hizo con los derechos de superficie de los suelos del mercado central pese a que al procedimiento concurría una oferta superior por parte del grupo Noga.

La intensa polémica desencadena en torno a la investigación de esta posible petición de comisiones ilegales alcanzó su clímax el 19 de abril de 2010, cuando Antonio Rivas entregó al consejero de Empleo, Manuel Recio, su renuncia al cargo de delegado provincial alegando "motivos personales".