La Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, que ejerce la acusación popular en el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el mercado central de abastos de la capital hispalense, ha solicitado el pago de una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses para cada uno de los cuatro acusados por estos hechos, como son el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta fundación cuando ocurrieron los hechos. De este modo, su petición de pena coincide plenamente con la solicitada por la Fiscalía.

En su escrito de conclusiones provisionales elevado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la Fundación, Alfonso Martínez del Hoyo, relata que, en el contexto de las previas negociaciones y acuerdos habidos desde el verano de 2007 entre responsables del Grupo La Raza y Fernando Mellet para la creación y desarrollo "bajo posible subvención" por parte de la Junta de una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla, se firmó el 18 de diciembre de 2008 un protocolo entre el SAE, la Fundación Mercasevilla y La Raza.

Añade que, a través de este protocolo, se acordó el futuro desarrollo de acciones formativas en un centro de formación permanente de hostelería que se ubicaría en terrenos del merca. Tras ello, indica que el día 18 de noviembre de 2008 se produjo el dictado de resolución mediante la cual el SAE acordó conceder a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla una subvención de carácter excepcional por importe de 900.000 euros con destino al desarrollo de acciones formativas en el referido centro, "que estaba previsto que en lo sucesivo sería gestionado por" La Raza.

Al hilo de ello, precisa que el día 16 de enero de 2009 Daniel Ponce, "actuando en representación de la Fundación, en presencia de Regla Pereira, y siguiendo para ello instrucciones de Fernando Mellet, quien a su vez siguió según ha manifestado instrucciones" de Antonio Rivas, "exigió" al representante del Grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, "como condición para la efectiva aplicación del importe de la subvención concedida, la entrega en dinero efectivo de 300.000 euros, suma que debería ser entregada en metálico, así como la asunción del pago de la nueva acometida eléctrica al centro, ascendente a 150.000 euros".

"colaboración" con la junta

Añade que el día 27 de enero de 2009, Mellet y Ponce se reunieron con Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas, representantes del Grupo La Raza, "y volvieron a exigir dichas prestaciones dinerarias, si bien, ante la postura reticente de éstos, llegaron a ofrecerles la posibilidad de buscar fórmulas de justificación formal de los desembolsos, encauzando los 300.000 euros bajo modalidad de donación a la Fundación y el pago del coste de la acometida eléctrica al amparo de una operación mercantil de endoso", todo ello "invocando la pretendida necesidad de 'colaborar' con la Junta de Andalucía como supuesta precondición para la definitiva viabilidad y efectividad de la subvención concedida".

En esta línea, asevera el abogado que lo hablado en el transcurso de esta última reunión fue grabado por los empresarios "por recomendación de un responsable de la Junta de Andalucía, al que previamente comentaron la situación, siendo así que la grabación fue entregada al mismo y que, tan pronto obró ésta en poder de la Consejería de Empleo, fue formulada formal denuncia ante la Fiscalía por parte de su viceconsejero", y agrega que los empresarios "no entregaron cantidad alguna del dinero solicitado", mientras que la subvención concedida "quedó inmediatamente en suspenso, no habiéndose llegado a efectuar pago alguno correspondiente a la misma".

El abogado que representa a la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla entiende que los hechos descritos son constitutivos de un delito de cohecho y responsabiliza del mismo a Rivas, Mellet, Ponce y Pereira, para cada uno de los cuales solicita la pena de multa de 900.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 12 meses en caso de impago, y pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses, así como el pago de las costas.