El responsable del despacho Díaz Aguilar, Ignacio Díaz Aguilar, ha recomendado a todas las empresas que tienen problemas de morosidad con la administraciones a la hora de cobrar que sus facturas que acudan a la vía judicial, "porque el que más tarde en hacerlo será el que más tarde en cobrar".

Así lo ha explicado Díaz Aguilar, en declaraciones a los medios, durante un receso de la charla que ha impartido a numerosos empresarios de la provincia de Toledo que este miércoles se han dado cita en la sede de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) para recibir información sobre cómo reclamar el cobro de facturas, especialmente a la administración.

Y es, según ha alertado este experto, las administraciones, cuando tienen una sentencia que les puede impugnar un presupuesto por no pagar facturas, es cuando se ven obligadas a hacer frente a esos pagos.

Dicho esto, Díaz Aguilar, acompañado del secretario de FEDETO, Manuel Madruga, ha asegurado que una cuarta parte de las quiebras empresariales se producen no por mala gestión, sino porque no cobran y se ahogan financieramente. Por ello, ha incidido en la necesidad de atajar esa morosidad, que está provocando la destrucción del tejido empresarial, y por ende el incremento del desempleo.

Tras admitir que en estos momentos de crisis "no es fácil" que las administraciones hagan frente a los pagos, porque tienen una dificultad que es objetiva, ya que tienen menos ingresos, más gastos y más dificultad para pagar, ha criticado que las administraciones intenten solucionar el problema de la morosidad a base de leyes, cuando es algo que se salda con dinero.

"Pero como no hay dinero cada vez habrá más procedimientos judiciales", ha avisado Ignacio Díaz Aguilar, que se ha mostrado convencido de que las medidas que está adoptando el Gobierno central para disminuir el endeudamiento de las administraciones con los bancos van a repercutir en las empresas, que cada vez van a ver más retrasados los pagos.

Dicho esto ha explicado la entrada en funcionamiento de un nuevo procedimiento, denominado "procedimiento monitorio", una medida cautelar que permite que el juez determine un periodo muy corto para que la administración pague, y que sufrague además las costas de todo el proceso que la empresa ha tenido que costear para llevarlo a juicio, "con lo cual la administración se va a sentir cada vez más presionada".

Grado de morosidad

Preguntado sobre la cifra de morosidad de las administraciones en España, Ignacio Díaz Aguilar ha indicado que el Banco de España calcula que las administraciones locales deben cerca de 13.000 millones de euros a las empresas privadas, aunque ha precisado que los datos de morosidad que se están publicando "es solo con los bancos y entidades financieras".

Por ello, este experto ha indicado que la solución a este gran problema que afecta al tejido empresarial del país para por administraciones eficientes, que ahorren en gastos y se acomoden a sus ingresos, y aunque ha valorado que las medidas adoptadas por gobiernos en esta dirección, aunque "positivas", tardarán meses o años en tener efectos.

También a preguntas de los medios ha precisado que es difícil saber el tiempo que las administraciones tardan en pagar a las empresas, aunque "a veces es muy superior a lo que se dice oficialmente, y ronda los 200 días".

Morosidad astronómica

Por su parte, el secretario de FEDETO, Manuel Madruga, ha indicado que el objetivo de esta jornada es dar a conocer a las empresas los procedimientos que en estos momentos tiene la legislación en materia de morosidad, en concreto la morosidad de las administraciones públicas con las empresas.

Las cifras son "astronómicas en este sentido, y sobre todo los tremendos plazos que en ningún caso se ajustan a lo que la ley está marcando", ha lamentado Madruga.