Arca exige la dimisión de Revilla tras la anulación del Tribunal Supremo de las normas urbanísticas de Polanco

El presidente cántabro era consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo cuando se aprobó en 2002 la normativa
Gonzalo Canales Arca
Gonzalo Canales Arca
EUROPA PRESS
Gonzalo Canales Arca

Arca ha exigido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo (TS) de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Polanco, que fueron aprobadas en 2002 cuando el jefe del Ejecutivo regional era consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.

En una rueda de prensa, el presidente de Arca, Gonzalo Canales, ha señalado a Revilla como "principal responsable" de esta normativa, que fue recurrida por Arca y anulada en noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco presentaron un recurso de casación contra la resolución del TSJC. En una sentencia fechada el pasado 14 de febrero y difundida el pasado fin de semana por Arca, el Tribunal Supremo confirmaba la nulidad de las normas urbanísticas del municipio y desestimaba el recurso del Consistorio y del Ejecutivo regional.

La resolución judicial entiende que tras el proceso de información pública y la aprobación inicial del planeamiento urbanístico del municipio se introdujeron modificaciones substanciales que exigían un nuevo trámite de exposición.

Tras conocer la sentencia, el presidente de la asociación ecologista ha reclamado la dimisión de los responsables políticos implicados en la aprobación de esta normativa, entre ellos Revilla, que debe ser "el primero" en irse "a casa", según Arca, por ser el "principal responsable" del "desaguisado" ocasionado.

A su juicio, "se necesita" que la clase política de la región, a la que ha calificado de "demencial", "se sanee" y comience a asumir responsabilidades.

Canales ha hecho referencia al "chorreo" y a la "cascada" de sentencias que han anulado distintas normativas urbanísticas en la región y ha pedido a los cántabros que, "ante tanto desastre y tanta ilegalidad" amparada, en su opinión, por los partidos políticos, "piensen a quién votar". "En Cantabria, hoy por hoy lo que hacen (los políticos) fundamentalmente es incumplir las leyes", ha añadido.

"nadie dimite" y "aquí no ha pasado nada"

Por otra parte, ha criticado que tras la sentencia del Supremo parezca que "aquí no ha pasado nada" y que ningún partido haya reclamado responsabilidades, algo que, según ha dicho, "llama la atención".

A su juicio, este actitud demuestra que "algo raro está pasando" en Cantabria. "Nadie dimite, nadie exige responsabilidades a nadie, ni entre los contrarios, y cuando ocurren cosas como esta de forma reiterada la clase política se dedica a mirar para otro lado fundamentalmente como no dándose por aludida", ha dicho el presidente de Arca.

Además, ha reprochado a los partidos que "todos" se queden "muy callados" cuando se demuestra una ilegalidad y luego "se pongan de acuerdo" y sean "como una piña" a la hora de aprobar leyes y normas para impedir que se cumplan las sentencias urbanísticas. "Es sencillamente un enorme escándalo", ha opinado Canales.

A su juicio, en Cantabria se necesita "abrir las ventanas", "que corra el aire fresco" y llegue gente "nueva, honesta y honrada" que intente hacer bien las cosas y "no simplemente intentar engrosar su cuenta corriente". URBANISMO,

En restaurantes y en comidas con los promotores

Además de al Gobierno regional, ha criticado el papel de los ayuntamientos que, en opinión de Arca, "son un verdadero germen del desorden urbanístico y de la corrupción" y "sólo ven" en el urbanismo "un negocio en el que medrar y en el que es posible lograr el enriquecimiento personal".

"Es una muestra de que el urbanismo en Cantabria se hace en los restaurantes y en comidas de negocio con los promotores", ha añadido.

Arca ha afirmado que el Gobierno regional y los ayuntamientos, encargados de velar por el urbanismo, "se dedican a todo lo contrario" y a aprobar normas "absolutamente ilegales" de forma "sistemática", algo que considera "absolutamente escandaloso".

Ha denunciado que la clase política de la región se dedica a defender "intereses particulares" que, "curiosamente" —ha dicho—, coinciden con los de los especuladores urbanísticos.

Por otra parte, la asociación ecologista ha criticado que el Ayuntamiento de Polanco y el Gobierno de Cantabria hayan "jugado con el retraso en el tiempo de la Justicia para mantener "vivas" unos años más las normas urbanísticas de este municipio usando como estrategia la presentación de un recurso de casación, lo que, en su opinión, resulta "lamentable" y "sencillamente bochornoso". En su opinión, la sentencia es "esclarecedora" y responde a "algo obvio".

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